En Colombia cada vez que se conoce un caso de secuestro, abuso, explotación y muerte de un menor se prometen nuevas leyes, se hacen plantones, aparecen genios de las soluciones en redes sociales y en general se cuestiona la normatividad actual. Lo triste es que en menos de un mes nadie se acuerda.
El 2 de junio de 2018 la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirmó por twitter: “es muy triste y lamentable que el país esté ocupando el tercer lugar con la tasa más alta de homicidios de niños y el quinto con el mayor porcentaje de niños desplazados“.
En 2017, se adelantó por el ICBF 11.380 procesos administrativos para restablecer derechos de víctimas de abuso sexual. Por maltrato físico, psicológico y negligencia registraron 10.858 casos. Esto es una alerta anual y permanente frente a la problemática.
¿Cuál es el verdadero problema? Somos un país de leyes y siguen ocurriendo hechos lamentables contra los niños, la verdad es que no hay una política pública diseñada para prevenir y cuidar a los niños. No basta con los procesos judiciales avanzados si no hay denuncias, si los menores temen denunciar, si las madres temen a la reacción del agresor.
¿Cómo está operando la justicia?, ¿hay prioridad para los casos de menores?, ¿hay funcionarios suficientes para atender los casos, tramitar y obtener condenas oportunamente?, ¿se está enviando al agresor a casa por cárcel con la víctima?, ¿cuánto dura un proceso judicial desde su apertura hasta la condena? Cuando se respondan estas inquietudes estaremos frente a realidades de carácter procesal y judicial real que evidencian si realmente la falla es la norma o su implementación.
De nada nos servirá expedir una cadena perpetua si se siguen cometiendo errores en la implementación, demoras injustificadas, falta de capacitación de los funcionarios en la definición de tipos penales relacionados con abuso, errores procesales en la captación de la prueba, entre otras dificultades.
La cadena perpetua será un elemento disuasivo, pero no soluciona el problema, siguen existiendo personas enfermas que requieren de tratamientos mentales para controlar sus deseos frente a los menores de edad. Por lo que se requiere que las EPS se comprometan a la atención y rehabilitación de este tipo de personas, que quede incluido como una anomalía que debe atenderse en el sistema de salud.
Por otro lado, se requieren de medidas complementarias como por ejemplo el registro nacional de abusadores sexuales, al cual se pueda acceder para dar un empleo, un crédito bancario o un arrendamiento. Las medidas administrativas que afecten la vida de los abusadores deben ser también tenidas en cuenta para tener efectos disuasivos reales.
En este mismo sentido y respetando el derecho a la intimidad de los menores una página web dedicada a los casos donde se busquen a los agresores, incluso con incentivos económicos cuando evaden la justicia y que todos los casos tengan la misma importancia para las autoridades y para la sociedad.
Es necesario pensar en campañas de sensibilización permanente en colegios, universidades, hospitales, Transmilenio, aeropuertos, y todo espacio masivo para transmitir información preventiva, mejorar las alertas y el mensaje de la gravedad de atentar contra un menor. Que no estén dedicadas solo a la explotación sexual sino con situaciones diversas con las que se identifiquen los menores y las familias frente a todo tipo de entorno abusivo.
Impulsar la denuncia en medio del anonimato, la confianza en la justicia con resultados de tal suerte que la ciudadanía acuda y obtenga eficiencia y eficacia. Hay que evitar la falta de denuncia por la desconfianza de lograr una justicia pronta y eficiente.
Hay que evitar las acciones aisladas, improvisadas y coyunturales, es necesaria una política pública a largo plazo que incluya la prevención, ética ciudadana, ética familiar, sensibilización que impulsen el valor del menor en la sociedad, normatividad con penas fuertes, justicia pronta y eficiente, aumento de la denuncia, confianza en la justicia, medidas administrativas y tratamientos psicológicos en el sistema de salud.
Esperemos que este sea el último caso de abuso y muerte de un menor en Colombia, que la voluntad política del nuevo gobierno sea permanente y se logren resultados o, de lo contrario, en 10 años no tendremos infancia y se habrá perdido claramente el futuro del país. Que nuestros congresistas cumplan y le den prioridad al debate sobre leyes contra el abuso de los niños. Hagamos seguimiento ciudadano y cada mes verifiquemos resultados.
