La captura del senador Iván Moreno va a generar múltiples efectos en diferentes ámbitos (disciplinario, penal y político). Uno de ellos es que la legitimidad política del Alcalde Mayor de Bogotá, su hermano Samuel, se pone en entredicho. Al ya enredado Samuel se le va a complicar aún más finalizar su mandato. Por una parte está el que los ciudadanos tengan una imagen desfavorable de su gestión y por otra que lo consideren un delincuente que se asoció con los Nule para saquear al Distrito. Un atrevido de la talla –sino peor- del ex ministro Valencia Cossio que ejerció hasta el final del mandato de Uribe siendo el hermano de un ex fiscal delincuente, condenado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia por tener nexos con criminales de extensos prontuarios.

Si bien la responsabilidad penal es de carácter individual, la responsabilidad política no opera bajo los mismos postulados. “La responsabilidad jurídica termina cuando la normatividad no establece reglas claras de juego (…) así, entramos en el terreno de la responsabilidad política que se enfoca en la confianza del ciudadano”[1]. En esta medida, el juicio de responsabilidad política lo hace todo ciudadano cuando formula una opinión sobre el gobernante; en este caso ocurre cuando el ciudadano analiza la información que los medios de comunicación difunden sobre el “carrusel de la contratación” para luego emitir un juicio de valor al respecto.

Para Herdegen, “la responsabilidad política funciona solamente si el mandatario o el público tienen las antenas para la dimensión de las fallas y la disponibilidad de (auto) sancionar”[2]. Ello implica que la ciudadanía debe ser activa; tal y como lo quiso la Asamblea Nacional Constituyente lo que se desea es una ciudadanía dispuesta a informarse y tomar partido sobre un asunto en particular. De esta manera, depende de los ciudadanos sancionar política y socialmente al gobernante de turno por las maniobras turbias que desde la Alcaldía se hayan gestado.

Pero de igual manera, al no haber el legislador previsto causales taxativas para que el Alcalde se vea forzado a dejar su cargo en casos como el que nos ocupa, la responsabilidad política recae directamente sobre él: si tiene o no el coraje y la rectitud ética de admitir que no está en capacidad moral de seguir ejerciendo como la máxima autoridad distrital en virtud de las graves y muy trascendentales pruebas que motivaron a la Corte Suprema de Justicia a emitir orden de captura contra su hermano, Iván.

Ahora, tenemos que tener en cuenta los nefastos –y recientes- antecedentes sobre responsabilidad política en el país. El ejemplo perfecto es el ex presidente Uribe que contra viento y marea ignoró los postulados del buen gobernante y siguió gobernando rodeado de escándalos que rayan en la violación de la ley penal y disciplinaria. Por cosas mucho menos graves Nixon renunció a la presidencia de E.E.U.U. en 1974.

Por ello debemos tener en cuenta que “la presunción de inocencia penal no puede ser el estándar de responsabilidad política si el entorno político o personal se encuentra implicado hasta el cuello en el fango de tangibles y graves sospechas”[3].

Veremos si el Alcalde Moreno, que está untado hasta el cuello, tiene la decencia de renunciar a tan alta dignidad y si, nosotros, como ciudadanos nos unimos para exigir un gobierno distrital transparente.