Cursa en el Congreso con mensaje de urgencia la nueva ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC- del gobierno de Iván Duque, que en esencia recoge los principales aspectos del proyecto de ley de Santos, que se hundió porque desfinanciaba a la TV pública, lo que motivó un fuerte rechazo ciudadano aglutinado en el movimiento #LaTvPúblicaSeDefiende, que con valor civil combatió la inconveniente reforma.
En aquella ocasión se decía que la urgencia del trámite era poder entrar a la OCDE. Hoy Colombia ya hace parte de dicha organización, entonces ¿cual es el afán del gobierno? ¿por qué quiere aprobar a pupitrazo y de manera antidemocrática esta ley en solo 2 debates en lugar de los 4 que corresponde? ¿Qué hay detrás?
Al examinar el contenido del proyecto, el cual se elaboró sin la participación del sector y la sociedad civil, surge la respuesta. La ley elimina la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV- y pasa sus competencias a la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, entidad que será dirigida por 5 comisionados, todos elegidos por el presidente, por un periodo de 4 años, quienes definirán la política en materia de contenidos de radio, televisión e internet. ¿Dónde queda la independencia y autonomía de los medios de comunicación, que previó la Constitución del 91?
La ley de Duque y el Centro Democrático regresa a Colombia al pasado, a la época del Frente Nacional donde el gobierno intervenía en los contenidos y controlaba los medios, lo que lesiona presupuestos básicos de la democracia como la libertad de expresión, la participación, el pluralismo político e informativo. Grave retroceso en materia de garantías fundamentales. Además, la ley le entrega directamente al gobierno a través del MinTIC la competencia para definir a quien se le asignan franjas de TV y qué proyectos audiovisuales se financian con recursos públicos.
Solo lo anterior es suficiente para que el proyecto sea nefasto y deba hundirse, pero no termina ahí. La ley aumenta la entrega del espectro electromagnético, bien público esencial para la transmisión de TV, radio y datos, alargándola de 10 a ¡30 años!, prorrogables automáticamente por otros 30. ¡60 años! El estándar en América Latina es de 10 años en promedio, con lo que Duque y sus compadres convertirían a Colombia en el campeón de la región en materia de entrega de la soberanía comunicativa a las multinacionales. Aumentar por tanto tiempo la concesión del espectro afecta la aparición de nuevos competidores y concentra el mercado en tan solo un puñado ultra poderoso de compañías, lo que significa menos innovación, menos diversidad de contenidos y precios más altos para los usuarios.
No contentos con esto, a las gigantescas compañías TIC les reducen el precio que deben pagar por el espectro, precio que incluso pueden reemplazar por entrega de tabletas o realización de cursos o eventos, mientras que a los canales públicos y comunitarios que tienen una finalidad social, los obligan a pagar por el uso de las frecuencias en igualdad de condiciones que los gigantes de las TIC, con lo que se los está condenando o a la desaparición o a la privatización.
La TV pública no se salva, pues los recursos que la financian, que hoy son insuficientes, quedan congelados y solo se incrementarán en el IPC, cuando este tipo de producciones tienen índices de crecimiento de costos superiores. Es decir, más costos y menos ingresos para la TV pública, que sin una fuente específica de financiación adicional ahora tendrá que disputarse recursos con compañías TIC, que en la ley TIC tienen prelación, por lo que la supervivencia de los medios públicos, la radio y TV comunitarias y los medios alternativos queda en la cuerda floja.
Esta ley TIC, que en palabras de Carolina Botero crea un regulador castrado, dependiente del gobierno y fácilmente capturable por las compañías que regula, hace parte del paquetazo de la economía naranja, que es la profundización de los TLC y la ley lleras 6.0, que entrega el manejo del conocimiento, la cultura y la información a los grandes conglomerados multimedia ávidos de mayores tasas de retorno, los cuales decidirán contenidos y programación de acuerdo con sus intereses, incrementando su control mundial, y buscando, exclusivamente, mayores ganancias, en desmedro de la cultura y la identidad nacional, el conocimiento y la información.
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Solo un amplio movimiento ciudadano que incluya medios públicos, empresarios nacionales, artistas, trabajadores del sector y sociedad civil, puede evitar que esta nefasta regulación salga adelante. Está en juego la soberanía, la cultura nacional, la democracia y el trabajo de miles de colombianos. Vale la pena luchar. #LosMediosPúblicosSeDefienden
@AndrésPachónTor
