Reforma a la justicia: guantazo, cocotazo y coscorrón

Qué estaría haciendo Montesquieu, autor del espíritu de la leyes, si hubiera estado vivo desde que se promulgó en 1991 la Constitución Política de Colombia. Imagino que habrían sucedido dos cosas: o Montesquieu preocupado por la redacción de algunos artículos regalaría cátedras sobre equilibrio y separación de poderes antes de hacer constituciones; o simplemente le daría una “cachetada con guante blanco” a todos aquellos que no aprendieron que el ejecutivo, el legislativo y el judicial necesitan frenarse entre sí para evitar la excesiva concentración de poder en uno de los tres órganos del Estado. Una de la varias intenciones de la Constitución de 1991, consistió en limitar el poder ejecutivo y en especial los abusos de poder cometidos por varios presidentes colombianos durante la mayor parte del siglo pasado. La idea era restringir a cuatro años sin posibilidades de reelección cada periodo presidencial, también era necesario fortalecer el poder legislativo otorgándole facultades de control político al Congreso y se debía de asegurar la autonomía e independencia del poder judicial. De esta forma, se pretendía garantizar el equilibrio y control de poderes. Pero no se dio ni una cosa ni la otra, al final un presidente se hizo reelegir porque desde el principio, el poder ejecutivo seguía manteniendo una fuerte incidencia en los poderes judicial y legislativo del Estado. Según la carta constitucional el Presidente de la República tiene incidencia directa para nominar a magistrados de la Corte Constitucional y a la mayoría de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que luego son elegidos por el Senado o las dos cámaras. También puede designar a altos funcionarios e interferir de manera indirecta en los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado buscando mayorías y coaliciones en el Congreso. Es decir, hasta aquí probablemente Montesquieu le hubiera dada un “guantazo blanco” a Serpa, otro a Gómez Hurtado y otro a Navarro Wolf por haber firmado una Carta Magna como presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, sin haber aprendido la lección sobre los contrapesos de los poderes públicos, y haberle otorgado demasiado poder a la rama ejecutiva. Pero Montesquieu no se imaginó que uno de los puntos más sensibles de la actual reforma a la justicia colombiana consiste en crear un Super Tribunal que investigue y juzgue en primera instancia a los funcionarios y servidores públicos con fuero constitucional como congresistas, magistrados, Fiscal General, Procurador, Contralor, Defensor del Pueblo y Auditor General de la Nación. Lo más peligroso es que el Super Tribunal estaría conformado por seis magistrados nombrados por el Presidente, el Congreso y el Consejo Superior de la Judicatura. En otras palabras: tu me eliges, yo te absuelvo, los dos nos callamos. Eso amerita otro guantazo. La alarmante preocupación surge de los bajos niveles de confianza y los altos niveles de corrupción de las supuestas instituciones encargadas de elegir el Super Tribunal en caso de que la reforma salga adelante. En 2009 se realizó el último Índice de Transparencia Nacional (ITN), y de 158 entidades que hicieron parte de la medición, el Senado ocupó el último lugar, siendo de todas, la entidad con mayor riesgo de corrupción, mientras que la Cámara de Representantes obtuvo la duodécima peor calificación, ubicándose en el grupo de las entidades con alto riesgo de corrupción. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura se situó entre las instituciones de medio nivel de riesgo de corrupción. La Presidencia de la República no hizo parte de la medición, sus razones tendría. Imaginémonos qué podría hacer Montesquieu si supiera que las coaliciones que se realizaron en el pasado y las que aún realiza el Presidente para inferir en el poder judicial se hacen con un poder legislativo tradicionalmente corrupto y un Consejo Superior de la Judicatura compuesto por 13 magistrados, de los cuales 7 son elegidos por el Congreso. Aquí caería un guantazo más. Pero si el proyecto de gobierno pretende despolitizar a las Cortes quitándoles la facultad de presentar ternas para elegir cargos de Procurador, Contralor, Registrador y Auditor General de la Nación. ¿Por qué son precisamente la Cortes quienes no quieren ceder más poder al Ejecutivo? La razón es simple, porque fue la Corte Suprema de Justicia quien más resistencia puso a la reelección presidencial y la que tarde entendió que el empoderamiento del Ejecutivo se convierte en una amenaza para el equilibrio de poderes y en consecuencia para la democracia. Seguramente Montesquieu estaría dando varios “guantazos blancos”, porque no hubiera soportado la reelección presidencial, tampoco hubiera tolerado los fallos amañados de algunos magistrados que se han dejado permear por cuestiones de origen político, y mucho menos se hubiera quedado sin hacer las correspondientes reprimendas a más de un Representante a la Cámara por permitir que la Comisión de Acusaciones se pareciera más a una comisión de protección para intocables. La justicia es un bien común y es el poder judicial a quien le corresponde impartirla. Quién y cómo se deben de elegir a los magistrados es uno de los temas fundamentales que se necesita discutir y deliberar con mayor responsabilidad, para que en lugar de generar guantazos, cocotazos y coscorrones por culpa de gobiernos unipersonales, se produzcan aplausos no sólo de Montesquieu sino también de parte de todos los colombianos. Si Montesquieu estuviera vivo, estaría buscando a Uribe, y en fila estaría Santos, no para darles cátedra sobre el principio de separación de poderes como característica fundamental del Estado de Derecho, sino para darles una tanda de “cocotazos y coscorrones” por no haber entendido que en la democracia el poder debe rotar y estar claramente limitado, bien distribuido y muy controlado. Esta columna también se encuentra en políticadirecta.net / @politicadirect