Colombia fue sacudida por el reconocimiento de responsabilidad de las FARC en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Son más de 25 años de impunidad, con versiones tan claras y edificantes de responsabilidad como las de los narcotraficantes del cartel del norte del Valle, con cercanos vínculos a los entonces paramilitares - también incursos en ese terrible e ilícito negocio - cuyas versiones ante justicia y paz coinciden perfectamente. En ninguna de ellas, apuntaron a las FARC.
Caminé, siendo todavía un niño, al lado de Álvaro Gómez Hurtado. Mi padre lo acompañó en su carrera política. Recuerdo la atención de quienes en silencio lo escuchaban por la sabiduría de sus frases. Lo recuerdo con gran habilidad pintando caballos. “Jóven, el orden empieza por los pies”, me aconsejó al prever una caída por llevar sueltos los cordones de mis pequeños zapatos. Golpeados por la noticia de su asesinato, recuerdo una reunión con Juan Gabriel Uribe, donde informó a mi padre y a Rodrigo Marín de los móviles del asesinato de quien fuera su jefe. Cinco años después, mi padre corrió la misma suerte que Gómez Hurtado.
Una estela de asesinatos durante el gobierno de Ernesto Samper, lograron mantener oculta la verdad en el magnicidio del líder político: el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la “monita retrechera”, el asesinato de Darío Reyes Ariza, entonces conductor de Horacio Serpa, entre otros. Una vez extraditados los capos del cartel del norte del Valle y los jefes paras, se pudo conocer la verdad. El inocultable ingreso de grandes sumas del narcotráfico a las campañas de Ernesto Samper signaron la suerte de su gobierno, el que a la postre no se cayó, pero tampoco se podía quedar, como decía Alvaro Gómez.
Pero no sólo el narcotráfico signó la suerte de Colombia, y aún hoy no podemos deshacernos de cientos de miles de hectáreas de coca: también la corrupción nos ha quitado los años de progreso y crecimiento económico. Llegó el gobierno de Juan Manuel Santos y los millones repartidos en el congreso superaron las dádivas de los narcotraficantes interesados en mantener a Ernesto Samper en el poder. Como si se tratara de reeditar el triste episodio de la catedral, Colombia sucumbió ante el narcotrafico de las Farc. Los cultivos de coca volvieron a florecer y la justicia declinó su propósito, en la misma amenaza de Pablo Escobar, “para evitar un baño de sangre”. Cuatro años después, ahí tenemos a la JEP, a la “comisión de la verdad”, para que años de esta importante investigación se pierdan, todo por justificar un aparato de impunidad donde las farc se han dedicado a ocultar sus actos tras décadas en la delincuencia. Lo peor, como estaba calculado, con ello no se evitó el baño de sangre en que los grupos narcotraficantes, con sus masacres y sus planes pistola en contra de nuestra fuerza pública, mantienen sobre nuestro país. No hace una semana, el narcotráfico le arrebató la vida al patrullero Fabio González Zambrano y al auxiliar Carlos Alberto Mosquera, de la Policía Nacional, ante el pavoroso y frívolo silencio que tiende una sombra sobre el futuro de nuestra nación.
¿Por qué creer en la renovada magnanimidad de las Farc, cuando negaron hechos tan evidentes como el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores y los abusos a menores? Colombia entera espera una decisión de cierre en el caso de Álvaro Gómez Hurtado: 25 años después resulta inaceptable que se quiera manipular la justicia en casos tan reconocidos y que han afectado el rumbo de Colombia, como fue la muerte de quien merecía regir los destinos del país.
