Santiago Valencia
Abogado, especialista en Derecho Administrativo con Maestría en Análisis Económico del Derecho, se ha desempeñado como profesor universitario, abogado litigante, consultor jurídico y en asuntos políticos y públicos, fue elegido Representante a la Cámara (2014 – 2018) y Senador (2018 – 2022), en el Congreso fue miembro de las comisiones primeras constitucionales, Presidente Comisión Primera (2019 – 2020), Presidente Comisión de Ética y Estatuto del Congresista (2020 – 2021).
Santiago Valencia

Bajo Cauca, ¡Libertad y Orden!

El bajo cauca Antioqueño es uno de los lugares más especiales del Departamento, no solo por su belleza, sino también por su infinita riqueza. Quienes hemos tenido la posibilidad de conocer esta subregión, podemos dar fe de lo especial que puede ser, tiene unos bellos pastizales que sirven para la ganadería o la agricultura, ríos como el Cauca o Nechí que se utilizan en piscicultura y, por supuesto, unos bellos e inigualables paisajes que invitan al turismo.

Existe una actividad económica adicional, tal vez, la más tradicional e importante, la minería de oro, ejercida desde siempre y profundizada en la propia colonización del territorio por parte del español Gaspar de Rodas, quien fundó los Municipios de Zaragoza y Cáceres, precisamente con la finalidad de la explotación de dichos minerales y de poder seguir ahondando en el territorio.

Hasta ahí parece la descripción del jardín del Edén, sin embargo, la realidad dista mucho de la impresión que pueda generar la primera lectura. La realidad hoy es que el Bajo Cauca es una de las regiones más desiguales de Antioquia, los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas son realmente preocupantes.

El enorme contraste de una región con una riqueza inimaginable y a su vez llena de desigualdad y necesidad en su población, es aprovechado por inescrupulosos sedientos de dinero y poder que sin lamentación alguna han convertido al Bajo Cauca en un interminable escenario de intimidación, corrupción, guerra y muerte.

Siempre he insistido, en escenarios políticos y académicos, que el Estado no puede seguir criminalizando al minero informal. Muchos de estos mineros pertenecen a familias que llevan décadas ejerciendo la minería, han invertido en maquinaria y otros elementos para poder extraer los minerales de la tierra, por supuesto, no son ya los artesanales de antaño que pescaban pequeñas pepas de oro con una batea.

Formalizar a estos mineros sería de gran utilidad, en primer lugar, porque hacerlo traería la obligatoriedad de buenas prácticas que protejan el medio ambiente, como la prohibición del uso de mercurio u otros químicos nocivos, ayudaría además a proteger los derechos laborales de los mineros y, garantizaría que a través de los dueños de los títulos mineros, se pagaran regalías al Estado por los minerales extraídos, que deberían terminar en una mayor política de inversión social en el territorio.

Adicionalmente, la formalización de estos mineros permitiría de una buena vez identificar a los grupos armados al margen de la ley que los instrumentalizan, que además ejercen, esos sí, minería ilegal y que siembran día a día el terror en estas comunidades.

Por supuesto, esa no es la única medida, la presencia del Estado debe ser integral, debe dejarse a la fuerza pública ejercer su labor sin restricción alguna, el ejercicio de autoridad debe ser continuo y contundente. Se equivoca el Presidente Petro, y demuestra su desconocimiento sobre los actores armados que actúan en la zona, ellos no quieren la paz ni acatarán ningún cese bilateral, ellos tienen un negocio multimillonario que solo se acabará cuando el Estado controle sus fuentes de financiación, como la minería, la corrupción y el narcotráfico, adicionalmente, cuando se capture o se logre la baja de los responsables de los peores delitos.

Eventualmente algunos cederán, se desmovilizarán y acogerán a la justicia, pero solo cuando el Gobierno actúe de forma vehemente y los acorrale con toda la fuerza y determinación, todo lo demás, son esfuerzos débiles que terminarán fortaleciéndolos, como hasta hoy ha pasado.

También es imperativo la presencia activa de la Fiscalía y los entes de control para la lucha frontal contra la corrupción, tristemente, buena parte de los recursos públicos se pierden en las manos de los corruptos, dineros que deberían invertirse mejor en las necesidades de los habitantes de la subregión.

Finalmente, y más importante aún, la presencia del Estado a través de la inversión social es determinante, mejorar la educación, la salud, la infraestructura, los programas productivos y turísticos, para que den a las personas verdaderas y dignas fuentes de ingreso.

No más activismo del Presidente y sus Ministros, no más discursos demagógicos llenos de retórica sin fundamento, más acción real y contundente en los territorios, mas Gobierno y menos micrófono, más Libertad y Orden.

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Santiago Valencia
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