María José Pizarro

Activista y política colombiana. Desde el 20 de julio de 2022 ejerce el cargo de Senadora de la República, en representación del Pacto Histórico. Entre 2018 y 2022 fue miembro de la Cámara de Representantes.​

María José Pizarro

Construyendo camino hacia una vida sin violencias para las mujeres en Colombia

En poco menos de quince días, en el Congreso logramos aprobar dos importantes iniciativas que tienen como objetivo erradicar las violencias contras las mujeres, tomar medidas frente al aumento desproporcionado de los feminicidios y priorizar nuestro rol en el centro de la vida política y la paz del país. Quiero hablarles en esta oportunidad del proyecto de ley No más violencia política contra las mujeres y de la Declaratoria de emergencia por violencias basadas en género.

Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en su cuarto y último debate el proyecto de ley que venimos impulsando desde agosto del año pasado para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política, y con el que queremos asegurar el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos y electorales, los cuales nos han negado históricamente.

Este no es un tema menor. Según un estudio realizado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en Colombia cerca del 64% de las mujeres que ostentan cargos de elección popular, han sufrido conductas relacionadas con la violencia política. Además, de acuerdo con la MOE, que ha alertado sobre incremento de estas violencias, entre el 13 marzo de 2021 y el 13 febrero de 2022 -año electoral- se presentaron 137 hechos violentos contra mujeres lideresas, casi una tercera parte de estas agresiones fueron letales.

El proyecto propone activar la institucionalidad existente y brindar herramientas para garantizar el derecho a la participación política en igualdad, libre de violencias y con garantías en todos espacios de la vida política y pública de quienes somos más de la mitad de la población en Colombia (51.2%) y cargamos con una larga historia de discriminación y desigualdad.

No tenemos que ir tan lejos para dimensionar las repercusiones de vivir en una sociedad y Estado patriarcal que ha sido excluyente con las mujeres. En la actualidad y en cuanto a representatividad, dos de las 32 gobernaciones son lideradas por mujeres; para el caso de las alcaldías llegamos solo al 12% y en el Congreso alcanzamos el 29,2% de curules. Justo esto es lo que buscamos cambiar con esta ley, que será sancionada por el presidente tan pronto pase por revisión de la Corte Constitucional. Esta es una herramienta de empoderamiento para que cada vez seamos más mujeres en la política y estemos en espacios seguros y sin violencia.

Tal y como lo expresé en la plenaria esta semana, dedico este proyecto a todas las mujeres que como yo, han sufrido la violencia en silencio, porque es el momento de no callar; también a las mujeres que no han querido o no han podido participar en política porque la violencia las ha alejado; y a todas aquellas que van a disputar el poder local en las próximas elecciones.

El segundo logro para las mujeres, ha sido la reciente aprobación de la Declaratoria de emergencia por violencias basadas en género que logramos incluir en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y que ha sido una petición del movimiento de mujeres en Colombia.

Esta solicitud que propusimos en el marco del Encuentro Internacional de Mujeres Progresistas en noviembre, ante el Congreso y la Presidencia, busca que el Estado tome medidas inmediatas frente al aumento desproporcionado de los feminicidios y las violencias contra las mujeres. De acuerdo al Observatorio Colombiano de Feminicidios, en el 2022 se registraron 614 feminicidios -el triple de asesinatos de líderes sociales-, y en lo que va corrido del presente año, el país ya supera los 30 casos. Un fenómeno que necesita del rechazo social y que no podemos seguir permitiendo.

La declaratoria contiene nueve medidas específicas que debe tomar el Gobierno Nacional para prevenir, atender, investigar y judicializar las violencias basadas en género; a su vez, alerta para que los organismos institucionales activen simultáneamente las rutas de atención y prevención de violencias y hace hincapié en la necesidad de articular todas las instituciones para atender este flagelo.

Como primera acción tras su entrada en vigencia, el presidente Gustavo Petro convocó a un consejo de seguridad que se llevará a cabo en los próximos días, siendo este un importante paso para la implementar la declaratoria de emergencia.

Estos avances, cada logro en derechos, hacen parte de múltiples luchas colectivas de miles de mujeres que nos anteceden. Han sido ellas, nuestras ancestras, mujeres obreras, campesinas, sufragistas, indígenas, personas LGBTIQ+, educadoras, afrodescendientes, que han logrado poner en el espacio público su voz, su apuesta política y nos han abierto el camino para seguir en la lucha por nuestros derechos.

Aprovecho el espacio para agradecer el apoyo de la bancada del Pacto Histórico, de congresistas de diferentes partidos políticos, organizaciones, el respaldo ciudadano y del Gobierno a estas iniciativas que han permitido poner en el centro de las discusiones nuestra agenda de derechos y construir un país en igualdad.

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