Mujeres explotadas sexualmente, amenazadas, violentadas y asesinadas. Muchas de ellas con hijos o hijas que luego corren con el mismo trágico destino, mientras gran parte de la sociedad actúa pasivamente frente a este flagelo. El informe de la ONU y el reportaje realizado por El Espectador respecto a la tragedia que viven miles de jóvenes colombianas y venezolanas en la frontera, y que ya se ha expandido hacia otros países de Latinoamérica, no sólo debería causar un repudio nacional, sino que el Gobierno debería cuanto antes impulsar una campaña que involucre diferentes sectores de la sociedad para detener la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niños, a manos de bandas criminales.
Trata de mujeres y niñas
A inicios de febrero, la Procuraduría General reveló un preocupante informe respecto a la explotación sexual, laboral y micro-tráfico en las fronteras de nuestro país con Venezuela y Panamá. Allí se alerta cómo mafias y bandas criminales están a cargo del tránsito de migrantes hacia centro y Norteamérica, pero lo más alarmante es la falta de atención estatal en estos corredores, los pocos controles migratorios y el escaso o nulo acompañamiento de las autoridades. Según el Ministerio Público, la ayuda a los “caminantes” está a cargo –en su mayoría– de ONG.
Por su parte, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que en los últimos doce años (2010-2022), el 62% de los casos de trata de personas en Colombia tuvieron como fin la explotación sexual y el 87% de estas víctimas son mujeres y niñas. Los principales destinos para las víctimas que salen de nuestro país son México, China, España, Ecuador y Argentina.
El turismo sexual e internet
Los tentáculos de estas redes abarcan varios departamentos, pero se concentran en la región caribe, el eje cafetero, Antioquia y el sur del país. Según Naciones Unidas, su población objetivo son niños y adolescentes entre los 12 y 17 años.
Hace poco se conoció un operativo en Cartagena que desmanteló una red de proxenetas cuyos clientes eran en su mayoría ciudadanos extranjeros. En la operación fue capturada una ‘influencer’ que, al parecer, usaba sus redes sociales para promocionar paquetes turísticos y reclutar mujeres ‘trans’.
¿Qué hacer?
Es hora de hacer un balance sobre las estrategias de prevención, rehabilitación y política criminal que existen en Colombia. ¿Realmente han servido?
El próximo año se cumplen 20 años desde que nuestro país ratificó el protocolo de Naciones Unidas para ‘Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños’. Sin embargo, pese a la inclusión de estos delitos en el código penal no ha habido un aumento significativo en los resultados judiciales que sea proporcional al alto impacto del delito.
En un período de cuatro años (2017–2020), de las más de 717 denuncias por trata de personas, solo 124 personas fueron halladas responsables penalmente por alguna modalidad del delito, según la Fiscalía; y tan solo 24 fueron condenadas por trata de personas con fines sexuales. Es decir, un promedio de 6 condenas por año.
Por supuesto que las campañas de prevención deben seguirse realizando por todos los canales de comunicación, incluyendo redes sociales y contacto puerta a puerta porque hasta allí llegan las bandas criminales buscando sus víctimas. Sin embargo, es necesario que desde el Gobierno se genere una campaña que reúna a los distintos sectores de la sociedad para proteger a las mujeres y niñas de bajos recursos para que no caigan en redes de explotación sexual.
De igual forma, a nivel de política criminal y estrategia pública debemos combinar el fortalecimiento de la investigación criminal con el endurecimiento del marco legal institucional. Además, se debe acrecentar la vigilancia de las fronteras terrestres y la cooperación internacional contra el crimen transnacional con los países vecinos. Debe garantizarse la atención en salud y psico-social para todas aquellas personas que necesitan acompañamiento.
Este es un trabajo que debemos hacer en conjunto la rama ejecutiva, judicial, legislativa y organizaciones de la sociedad civil. Las desigualdades económicas, la inequidad de género y los bajos niveles de acceso a educación son detonantes que se reúnen todos en nuestro país y facilitan el actuar de las organizaciones criminales.
