El departamento del Chocó, con todos sus problemas (de toda índole), es una tierra hermosa, llena de gente pujante, resiliente y trabajadora, pero también de malos hijos, como en todo lado, que frenan su progreso y desarrollo, por pensar más en los beneficios personales que en los colectivos o comunes.
Y es así, que ante el crecimiento del discurso desarrollista para vencer los efectos económicos del Coronavirus con todas sus variantes, se requiere que la comunidad y las instituciones del Chocó canalicen sus recursos y masifiquen la construcción de una política que por primera vez se centre en su población y en la defensa del territorio.
Priorizar a sus habitantes y al medio ambiente es la única forma de hacerle frente a actividades como la minería, la explotación de la madera, la agroindustria, la pesca industrial y el turismo a gran escala. Acciones que aunque deberían ser las principales actividades económicas y rentísticas de este sufrido departamento pues mueven miles de millones de pesos, solo han dejado en esta región, contaminación, deforestación y desplazamiento forzado.
Superar estas prácticas requiere que las políticas públicas post-pandémicas se pongan al servicio de la gente y no del capital. Se requeriría hacer eco de lo que las comunidades han reclamado durante siglos. La coexistencia pacífica de múltiples formas de cohabitar el mundo, que propenda por un balance ecosistémico y por diálogos horizontales entre las medicinas, las educaciones y las economías de todos los actores de la región.
Tanto en el Chocó como en distintas regiones de Colombia se han realizado cientos de iniciativas ancladas en el día a día de las comunidades, una serie de esfuerzos que desde su concepción controvierten la fijación que tienen las instituciones en el desarrollismo. Estos esfuerzos buscan crear diálogos entre los distintos actores que cohabitan la región, que incluyendo a las instituciones estatales, logran dar cumplimiento a algunos de los reclamos históricos de las comunidades. Ejemplos significativos son la Ley 70 de 1993 o la sentencia T-622 de 2016 que declara al Río Atrato como sujeto de derechos.
No hay que olvidar que algunos de los beneficios de la Ley 70 son el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana, sin olvidar el respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras y estos cambios institucionales de ordenamiento territorial, producto de la presión que ejercen las comunidades en la defensa de sus territorios, no sólo implican trabas a la expansión del mal llamado desarrollo, sino que crean las pautas para que en la región coexistan múltiples formas de reparar las brechas.
A la larga, las propuestas socio-económicas e institucionales de las poblaciones indígenas y afro del Chocó, además de promover su autonomía y bienestar, también propenden por la eliminación de aquellas estructuras, discursos y prácticas que justifican la violencia, el desplazamiento y la destrucción de medio ambiente en el nombre del progreso.
Un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Enero de este año, titulado Información: Perfiles Económicos Departamentales, muestra datos y cifras muy interesantes como que durante el trimestre septiembre-noviembre de 2021, o sea, en plena post pandemia, la tasa de desempleo de Quibdó se ubicó en 6,4 por encima a la registrada en las 23 ciudades principales, o que en lo corrido del año, el oro representó el 92,8 % de las exportaciones del departamento, que el plátano es el principal cultivo permanente. A su vez, que el arroz es el cultivo transitorio más representativo o que las exportaciones del Chocó tuvieron una participación promedio de 0,14 % en las exportaciones nacionales entre 2012 y 2020. A noviembre de 2021 el departamento disminuyó su participación en las exportaciones totales respecto al año anterior y que el BIP per cápita en el 2021 fue de US2.250 Al cambio de dólar de hoy (3.911.58) serian $8’801.055 colombianos.
Cabe anotar que en 2016, el PIB per cápita real del Chocó fue de 3.746.416 pesos colombianos (COP). Entre 2000 y 2016 logró un crecimiento promedio anual real de 3,6%, mayor al nacional (2,9%). Esto le permitió ganar peso relativo frente al promedio nacional.
El Departamento del Chocó, es una región de una gran riqueza biodiversa y una privilegiada y estratégica posición geográfica en espera aún de explotar toda su capacidad biótica, a través de investigaciones científicas y de mega proyectos de inmenso potencial de desarrollo socioeconómico, como el Puerto de Tribugá, de tanta polémica desde hace años, que Seudo ambientalistas han querido sepultar y condenar a esas comunidades a ser por la eternidad los “Guardianes del Bosque” a cambio de nada, pero eso sí, aguantando física hambre, y que podrían contribuir tanto al progreso de sus pobladores, así como representar un avance para la nación, gracias a su salida al océano Pacífico y el mar Caribe, que le permitiría ser única en el país.
Así que amigos, la pobreza del Chocó es mental, que es peor, pues la paquidermia de las instituciones encargadas de impulsar el tan anhelado desarrollo socioeconómico que tanto hablan los libros de finanzas y cacarean los eruditos y gurúes de la economía, demuestran que los que las dirigen o no están a la altura para hacerlo o simplemente sucumbieron a la ineptitud letárgica que causa el poder, esa poderosa droga que enloquece, ciega, ensordece y nubla la razón.
Instituciones que otrora contaban con una magnifica plusvalía, igual o casi que una gobernación, como la Universidad Tecnológica y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo del Chocó, se atascaron en el pantano de la inoperancia. La primera, que debería ser una cantera de profesionales preparados para afrontar esta debacle socioeconómica que enfrenta el departamento, a través de la investigación científica y la creación de programas académicos acordes a nuestra realidad biodiversa y ecológica y la segunda, que en lugar de “administrar y manejar los recursos naturales y la oferta ambiental en su jurisdicción, fundamentándose en el desarrollo humano sostenible con participación comunitaria, gestionando y ejecutando planes, programas y proyectos que apunten hacia la búsqueda de una nueva cultura de desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida, la promoción de una producción limpia y el desarrollo de una acción ambiental sostenible”, como textualmente reza parte de su visión, la Contraloría General de la República, luego de una auditoría realizada hace poco, para evaluar su cumplimiento en el control de la deforestación en este departamento, para el periodo comprendido entre 2016 al 2020, constituyó 9 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta incidencia fiscal en cuantía de $4.280 millones, y que hoy por hoy están convertidas en fortines políticos al servicio de unos pocos.
Así pues, la real situación de este departamento en la post-pandemia, contrasta con el objetivo por el que fue creada la Ley 70 de 1993, porque más allá de hacer un uso balanceado de los espacios que se habitan, el uso doméstico del territorio, buscar la soberanía alimentaria y propender por el fortalecimiento de economías locales, siendo el Chocó una región tan rica, gran parte, por no decir casi toda su población carece absolutamente de todo. Y eso, eso es supremamente incomprensible!
