Por estos días, en medio de la discusión del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en el Concejo de Bogotá, se torna crucial poner sobra la mesa una breve discusión sobre lo que está sucediendo en temas de seguridad en la ciudad, y lo que propone esta hoja de ruta como respuesta a la inseguridad que ha venido afectando a la ciudad.
La inseguridad en la ciudad constituye una de las principales fuentes de preocupación de los bogotanos. Según el DANE, para el año 2018, el 84% de los capitalinos tiene una percepción de inseguridad respecto a su ciudad, y el 26,5% se considera víctima de esta problemática.
Por otra parte, según cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, los casos por lesiones personales alcanzaron una cifra de casi 8000 casos en los cuatro primeros meses del 2019, mientras que en lo que va corrido del 2020 han sido más de 5.049 casos. En cuanto al homicidio, en los meses referidos del 2019 hubo unos 316 casos, en comparación con 303 casos para lo que data de ese mismo periodo en el año en curso. Adicionalmente, en cuanto al hurto a personas, este delito registró cerca de 40.000 casos en el periodo en cuestión en el 2019, mientras para el 2020 van más de 27.000 casos. Tendencias que se mantienen en lo referente al hurto de celulares y bicicletas, evidenciando el problemático estado de la seguridad en Bogotá.
La actual emergencia por cuenta del Covid-19 también ha tenido a los delitos y problemas de seguridad como protagonistas. El Secretario de Seguridad, Hugo Acero, indicó en días recientes que otro tipo de delitos está emergiendo durante la actual coyuntura. Delitos como el microtráfico a domicilio, delitos informáticos financieros, y la violencia intrafamiliar y de género, han tenido un aumento significativo durante el periodo de la emergencia sanitaria. Esto evidencia que la inseguridad sigue siendo, pese a las circunstancias, una principal preocupación, a la par que es un fenómeno que se adapta a las condiciones y situaciones que la sociedad está enfrentando.
Aunada a la creciente inseguridad en la capital está la latente desconfianza que tienen los ciudadanos por las instituciones de seguridad y de justicia. La encuesta de percepción Ciudadana de Bogotá Como Vamos de 2019 señaló que solo el 42% de los encuestados hace una denuncia luego de ser víctima de un delito, mientras un 58% se abstiene de hacerlo. Una de las razones detrás de dichas cifras es que muchos ciudadanos, según la misma Encuesta, consideran que es poco probable que un delito sea sancionado por las autoridades. Razones estas por las que un 41% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que la comunidad haga justicia por cuenta propia.
Una gran urbe como lo es Bogotá es particularmente vulnerable a la incidencia de delitos y actividades criminales precisamente por su extensión y por su densidad poblacional. Esto por sí solo plantea importantes retos a las autoridades a la hora de enfrentar el crimen y de proveer a la ciudadanía una mayor tranquilidad mientras hace uso del espacio público, el transporte o a lo largo de sus desplazamientos. De la misma manera, y en paridad de importancia, es fundamental que los ciudadanos confíen en sus instituciones, así como es importante que las instituciones sean eficientes y cumplan con sus deberes para con los ciudadanos.
El Plan Distrital de Desarrollo plantea en materia de seguridad una serie de propuestas encaminadas hacia el marco de la cultura ciudadana, el autocontrol y la la transformación cultural de la ciudad, como una apuesta a atacar de raíz al crimen a largo plazo. También, el documento propone la recuperación de la confianza entre los ciudadanos, y de éstos hacia sus instituciones; donde se plantea un gran objetivo por atacar de frente la violencia de género.
Apostar por un cambio en la forma como las personas se comportan es una apuesta valiosa y muy positiva, que podría beneficiar a la ciudad en un mediano y largo plazo. Sin embargo, el Plan necesita plantear objetivos y acciones más concretos para gestionar la seguridad de los bogotanos. Por ejemplo, uno de los problemas crónicos es el reducido pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cual está en una tasa de 236 efectivos por 100.000 habitantes, muy por debajo de la tasa de 300 efectivos necesarios por 100.000 habitantes, que recomienda la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, el Plan propone un aumento de hasta 2.000 policías, cifra aún insuficiente para acercarse siquiera a la tasa necesaria.
Otras de sus metas se centran en reducir hasta en un 4% o 5% la tasa de delitos como el hurto general, hurto en Transmilenio y hurto de bicicletas, además de apuntar a reducir en un 9,9% las tasas de homicidios. Indicadores que se consideran aún insuficientes y poco ambiciosos.
Otros temas que no contempla este Plan son los CAI o incluso el aumento de insumos y equipos tecnológicos para la fuerza de policía, a parte de una meta muy general, en la que se plantea implementar un plan de mejoramiento en tecnologías y del Centro de Comando C4.
Claramente un Plan de Desarrollo no puede cubrir todos los frentes y todos los problemas que afectan a la seguridad de los ciudadanos, y más aún cuando por cuenta de la actual emergencia, los recursos serán cada vez más escasos. Pero así como escasearán los recursos, los problemas de seguridad y de convivencia podrían aumentar por cuenta de los efectos sociales y económicos del coronavirus, haciendo muy necesario que se establezcan líneas de acción claras, que sirvan de puente entre las aspiraciones lejanas y las duras realidades inmediatas.
En todo caso, la seguridad no es solo responsabilidad de las autoridades, sino también de la ciudadanía. El permitir a los ciudadanos participar en la toma de decisiones y gestión de la seguridad es crucial para lograr enfrentar el crimen junto con las autoridades, así como para atenuar los índices de crímenes y violencias de todo tipo. La seguridad empieza en casa.
