Para nadie es un secreto que Colombia es un país geográficamente privilegiado, por encontrarse situado en la zona ecuatorial, por poseer una topografía incomparable, biodiversa, con pisos térmicos que lo hacen un país único en materia de climas, microclimas, con suelos de gran fertilidad aptos para todo tipo de cultivos, una superficie de 1.138.910 km2 y unos de los países más ricos en recursos hídricos.
Hemos sido una nación con clara vocación agrícola y nos destacamos por muchos años, como productores y exportadores de productos como el café, algodón, flores, banano, cacao, caña de azúcar, aguacate, soya, frutas y aceite de palma, entre otros.
En el agro tenemos una capacidad, susceptible de cultivar entre 11 y 12 millones de hectáreas, de las cuales solo se utilizan el 35 %, aproximadamente 4.3 millones de hectáreas de esa potencialidad disponible, lo que pone de manifiesto la falta de planeación en el uso eficiente del suelo, la informalidad, la concentración de la propiedad de la tierra, escaso financiamiento, inversión limitada en ciencia y tecnología, entre otras falencias, que no nos permite ser más productivos y competitivos en el mercado nacional e internacional.
Hoy no cabe duda que hace falta focalizar la política pública agropecuaria a las realidades territoriales del país, con el fin de aprovechar las ventajas competitivas y comparativas de manera más eficiente, identificar la vocación que tienen muchas regiones y suelos que son utilizadas para actividades distintas y menos productivas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -ONUAA- más conocida como FAO, ha manifestado la importancia estratégica de Colombia, como despensa alimentaria futura para el mundo - por las características antes mencionadas- que podría contribuir a atender el aumento de la demanda global de alimentos, como consecuencia del aumento de la población y la crisis alimentaria que podría presentarse en los próximos años; pero esta despensa, requiere mayores inversiones, el incremento del financiamiento de los sectores y formación técnica y tecnológica, entre otros, para poder aumentar la capacidad productiva y exportadora de alimentos con niveles de rentabilidad y competitividad; de lo contrario, seremos un sector económico autárquico, es decir que, alcanzaremos a producir alimentos solo para el consumo interno.
Hagamos memoria... En 1990, el sector agropecuario participaba con el 18 % del PIB -época de la apertura económica- que finalmente acabó con la producción de cultivos tradicionales, los cuales no pudieron tener la capacidad de competir en el mercado internacional y posteriormente, disminuyó la participación del sector del agro en la producción nacional. Para el 2017, ese porcentaje bajó al 6.3 % y recientemente, llegó a menos del 5 %. Para este año ya se proyecta que esa participación disminuirá a un 2 %, pues la producción agropecuaria deberá destinarse principalmente, a garantizar el abastecimiento de alimentos, del mercado interno como consecuencia de la emergencia económica y sanitaria originada por el Covid-19 y por supuesto también el sector, será duramente golpeado por la contracción económica mundial.
No podemos desconocer, que los periodos de crecimiento y contracción en el PIB del sector agropecuario, han estado influenciados por el desempeño de la producción y precios del café en el mercado internacional, el cual aporto un 9 % del valor total del sector agropecuario, debido a la producción que cerró en el 2019, en 14,8 millones de sacos, 9 % más que el cierre fiscal de 2018.
Según el informe del Ministerio de Agricultura; en 2019 la tasa de desempleo del sector rural ha sido en promedio de 6,5 %, ubicándose 4,5 puntos porcentuales por debajo de la tasa de desempleo nacional (10,9 %) este mismo sector en 2019 ocupó a 4,7 millones de personas, de las cuales el sector agropecuario, empleó a 2,8 millones de ellas, una cifra equivalente al 59,1% de los empleos generados en el campo; las potencialidades de este para la generación de empleo formal y de calidad, son inmensas, pero ello, requiere de una verdadera política pública en materia de inversión y empleo rural, es preciso incrementar sus presupuestos y democratizar la tierra para disminuir las desigualdades sociales que se presentan en muchas regiones del país.
Aunque ha habido esfuerzos de los últimos gobiernos, para fortalecer el sector agropecuario, las reformas han sido fallidas y hoy es más que evidente el abandono y pobreza, poco se ha avanzado en los esquemas asociativos de producción y comercialización, para que se haga más rentable la producción agrícola, existe poco acompañamiento empresarial y la asistencia técnica y tecnológica solo llega al 50 % de los agricultores del país, por supuesto, falta mayor inversión, obras de infraestructura y distritos de riegos.
Urge trabajar en el fortalecimiento de la calidad de vida de la población campesina, mejorar en materia de vías secundarias, sanidad, educación, vivienda, acceso a la tierra y focalizar las inversiones hacías las zonas más pobres y deprimidas del país.
También hay que hacer mayores esfuerzos para mitigar el fenómeno de desplazamiento, evitar la migración de los jóvenes de la ruralidad a las zonas urbanas y hacer del campo una actividad productiva y atractiva e identificar productos, que se ajusten a las ventajas competitivas de las diferentes zonas del país, apoyando a los pequeños y medianos productores que generan el 50 % de los alimentos que se consumen en el territorio nacional.
Esperamos que los anuncios del gobierno nacional para el fortalecimiento del sector agropecuario, se materialicen en hechos concretos, que los 1.5 billones de pesos destinados, lleguen mayoritariamente a los pequeños y medianos productores y no se desvíen a grandes empresarios agroindustriales, como ha sido denunciado en los últimos días, hechos lamentables como los de Agro Ingreso Seguro, con el que desviaron recursos a grandes empresas agropecuarias, para pagar favores políticos y privilegiar sectores poco productivos, no pueden volver a presentarse, ni tolerarse.
En este momento de crisis por la pandemia del COVID-19, hay que proteger a nuestros agricultores, ellos son los que garantizan la cadena de suministro de alimentos y por supuesto, proteger de la pandemia a la población más vulnerable del campo colombiano. Tenemos una deuda social y económica con el campo colombiano y nuestros campesinos, es hora de pagarla impulsando una verdadera reforma agraria,que modifique la estructura de la propiedad de la tierra en el país, revisar de fondo la política pública del sector y las funciones que vienen desempeñando muchas instituciones adscritas y vinculadas, paquidérmicas sin resultados concretos, es necesario revitalizar el campo colombiano para proteger la vida, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, disminuir la pobreza y realizar inversiones en tecnologías agroindustriales sostenibles.
Es el momento de reconocer la importancia estratégica de campo colombiano para el desarrollo económico y social en materia de abastecimiento, producción de materias primas para la agroindustria y que sea esta, la oportunidad para triplicar su presupuesto para los próximos años, realizar las inversiones que sean necesarias para potencializarlo y sea una verdadera despensa alimentaria nacional e internacional. ¡Es la hora del campo colombiano!
