Antes de comenzar, es necesario retomar esta pregunta: ¿Es sostenible, necesaria y conveniente la reforma al sistema de salud colombiano? Cada día son más las voces que alertan del grave riesgo que esta iniciativa conlleva a futuro. Mientras esta discusión zanjada entre el Gobierno y los opositores de la reforma se sigue llevando gran parte de la atención pública, en paralelo, ocurren otros eventos muy graves que afectan al sistema y demandan la atención del ejecutivo. Por ejemplo, la desfinanciación del sistema, estimada en 9,6 billones de pesos en los últimos 3 años.
Esta realidad se ha venido advirtiendo desde diferentes orillas. En octubre pasado fue la ANDI, en noviembre la ANIF. Ambas coinciden en señalar con preocupación que el Gobierno subestima los costos del sistema y presenta un desface en el cálculo de la “Unidad de Pago por Capitación” (UPC) al ignorar los cambios en la frecuencia de uso de los servicios y el crecimiento del gasto en atención primaria; lo que se ha venido acentuando desde el año 2020, fruto de la pandemia y el envejecimiento de la población.
Aunque el Gobierno se mantiene en que el cálculo del UPC es adecuado, el llamado de las EPS y los análisis de expertos coinciden con cifras internacionales. En un estudio de septiembre de 2023, el BID destacó que durante las últimas dos décadas el gasto en salud en Latinoamérica se incrementó del 6,6% al 7,9% del PIB y la tendencia es al alza en los próximos años, acentuada entre otras razones por efectos de la pandemia.
Además, se identificó que una proporción muy importante del gasto total del sistema se destina al tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunas oncológicas, EPOC y enfermedades renales. Por lo que, mientras el gasto en salud se ha ido incrementando de forma notable en los últimos años, el Gobierno actúa ignorando la información real de consumo de la enorme mayoría de los afiliados, pues se calcula que en 2024 la UPC debió aumentarse en cerca del 15% pero se incrementó solo en un 12,01%.
Expertos claman “celeridad” ante colapso
Hoy se unen a estas voces 19 exministros y ex viceministros de salud, incluido Alejandro Gaviria, quien fue parte del Gobierno actual. Todos advierten la necesidad de actuar con celeridad ante un inminente colapso, en especial por el rezago en el valor de la UPC, que puede poner en riesgo la cobertura del sistema, el mayor logro del actual modelo.
Recordemos que, según la ANIF, el déficit estimado equivale a la financiación de 7,8 millones de personas y esto bajo supuestos del esquema actual. Esto quiere decir que, de ser aprobada la reforma, las cifras serían mucho más altas, ya que según se ha estimado esta costaría 140 billones en los próximos 10 años o, lo que es lo mismo, una reforma tributaria al año.
Además, no puede olvidarse que para noviembre pasado fue blanco de innumerables críticas el hecho que el Ministerio de Hacienda no hubiera presentado un aval fiscal a la reforma, sino un “escenario de factibilidad” que ni siquiera firmó el ministro Bonilla. Esto, sumado a lo ocurrido en el proceso para actualizar el valor de la UPC de 2024, donde el Gobierno no abrió espacio para comentarios a la resolución y a la nota técnica, ha generado el rechazo de expertos, comunidad académica, así como asociaciones de médicos y pacientes.
Ajustes sí, incluso en países desarrollados
Realizar ajustes y revisiones periódicos al sistema de salud es una necesidad de carácter permanente si se quiere asegurar la capacidad del modelo que busca satisfacer los derechos fundamentales de sus habitantes. Incluso, bajo un contexto de indicadores positivos y aún en los países más desarrollados, esta necesidad se mantiene como una constante.
Es indudable que nuestro sistema de salud requiere ajustes. De hecho, el marco normativo se ha modificado 11 veces en los últimos 30 años; por tanto, la ley 100 no es la misma que se promulgó en los años 90. Sin embargo, ante la crisis a la que se está conduciendo el sistema con su desfinanciación, cobra relevancia la siguiente inquietud: ¿la reforma es predominantemente política o, por el contrario, obedece a conclusiones técnicas apoyadas en la evidencia y desarrolladas con la participación de todos los sectores? Si concluimos que la motivación es fundamentalmente política: ¿es esta la que más nos favorece?, ¿a quién le conviene que el sistema entre en crisis justo en este momento?
Recordemos también que, muy poco tiempo después de que presentaran la primera reforma a la salud en 2022 -la cual se hundió en el Congreso- diversas voces provenientes de la academia, asociaciones de pacientes y médicos, comités de expertos y gremios en general llamaron la atención de los riesgos que esta entrañaba para la sostenibilidad del sistema. Además, alertaron sobre las carencias del diseño en materia de financiación o la misma falta de concertación y diálogo con buena parte de los actores del sistema.
Hoy en día, con la nueva reforma presentada, se sigue consolidando una posición bastante uniforme de preocupación entre los expertos, quienes cada vez que se inicia o desarrolla un nuevo debate nos dan cuenta de los riesgos que podría entrañar y de la falta de retroalimentación de parte del Ministerio.
¿A quién le conviene un colapso del sistema?
A nadie. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno para entender que la salud de los colombianos está por encima de todo interés individual y político. Está, incluso, por encima de la misma reforma. Hay que decirle la verdad al país: si permitimos que el sistema entre en crisis, aunque se apruebe la reforma, esta no tendrá la capacidad de atajar lo que se vendría cuesta abajo. Decir lo contrario es un error, pues sus efectos están planteados sólo a partir de dos años luego de su entrada en vigencia.
Si lo que queremos es dar respuesta al tipo de cambios que se requieren, tenemos que ser categóricos en dejar de lado las discusiones meramente políticas. Allí no están las respuestas. Hay que enfocarse en los desafíos que van surgiendo para el sistema de salud tales como las necesidades de financiación actuales, el envejecimiento de la población, su expansión demográfica o geográfica, la migración desde o hacia la ruralidad, la llegada de migrantes extranjeros, el costo de los medicamentos y tratamientos, el comportamiento de los índices de pobreza e informalidad laboral, entre otros aspectos que determinan la sostenibilidad fiscal del sistema. Ahí está la respuesta.
