La convención de Viena sobre relaciones diplomáticas fue suscrita en Viena, capital de Austria, el 18 de abril de 1961, y entró en vigencia el 24 de abril de 1964. Venezuela ratificó ese tratado y por lo tanto está obligado a cumplir lo dispuesto en él.
En los considerandos de este tratado se enumeran las razones que hicieron necesaria que una larga e histórica praxis diplomática tuviese un texto claro y preciso, que regulara las relaciones entre las diversas naciones que lo subscribieron, aunque podemos aseverar que muchas de sus disposiciones forman, desde hace tiempo, parte del derecho consuetudinario.
En los prolegómenos se hace referencia a que desde la antigüedad los pueblos han reconocido el estatuto particular de los diplomáticos. Pero que ante la igualdad soberana de los integrantes de la organización de las Naciones Unidas es importante disponer de una convención que contribuya a las relaciones amistosas entre los diversos Estados y que las inmunidades y privilegios allí contemplados no se otorgan para beneficiar a las personas, sino para garantizar el desempeño eficaz del funcionamiento de las misiones diplomáticas en su calidad de representantes de los Estados.
No entraremos a analizar en detalle todas las disposiciones de este fundamental tratado para mantener relaciones pacíficas entre los diversos estados pero queremos referirnos a dos de sus artículos que consideramos han sido violados por el régimen de facto venezolano.
Uno de ellos es el artículo 22, en el que se expresa de manera inequívoca que los locales de la misión son inviolables, y que el Estado receptor está en la obligación de evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Por su parte, el artículo 25 señala: “El Estado receptor dará toda clase de facilidades para el funcionamiento de la misión y en el art 30 se indica que la residencia particular del agente diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión».
Pues bien, la semana pasada hubo acciones hostiles, promovidas por un alto funcionario del régimen, dificultando el acceso a la residencia del Embajador de Francia con la presencia inusitada de miembros del servicio de inteligencia del estado, SEBIN, y si eso no fuera suficiente, fue interrumpido el suministro de luz, agua y gas. Se supone que fue un acto de represalia política contra el embajador, pero de lo que no se percataron es que eso también causó perjuicios a la Embajada de Polonia y a otras que estarían en la zona como la de México, Sudáfrica y Austria.
Quien quiera que dio la orden para semejante atropello ignora las consecuencias diplomáticas que esto puede generar y en todo caso dejan muy mal parado a nuestro país por irrespetar y violar el derecho internacional que rige las relaciones pacíficas entre los Estados.
