La proyección y ejecución presupuestal de la administración de Claudia López en este cuatrienio se caracterizó por realizar la mayor parte de su inversión en la famosa “infraestructura social” y en el sector de movilidad, sin importar el impacto de los sobrecostos que se generaron para la ciudad.
En el marco de la discusión y aprobación del presupuesto del 2024, hay que resaltar que, si bien las entidades han cumplido con lo planteado en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) y, como consecuencia, en su mayoría han ejecutado los recursos asignados, el problema de fondo es que no se ha realizado una buena destinación del recurso durante estos cuatro años; el PDD ha sido financiado en parte con el cupo de endeudamiento MÁS ALTO en la historia de la ciudad, $11,9 billones, el cual se utilizó en su totalidad, y cumplir con los indicadores de capacidad de endeudamiento no deja de limitar a las futuras administraciones, pues amarra la financiación de proyectos y desfinancia nuevas propuestas.
El debate hoy no es si llegan o no al 100% de ejecución, sino en qué se ha gastado la plata la administración, si eso sirve o no para garantizar una ciudad de derechos o si más bien se usa el recurso para reforzar el modelo neoliberal implementado en la ciudad, es decir, para garantizar prioritariamente las ganancias de los grandes empresarios privados por encima de los intereses de los ciudadanos.
El Secretario de Hacienda del Distrito indica que esta ha sido la administración que más recursos ha invertido en “infraestructura social” (hospitales, colegios, viviendas de interés social, vías, entre otras) y de movilidad, pero el problema va más allá de la construcción, el problema es la falta de recursos para su operación lo cual limita su funcionamiento, situación que puso en peligro la calidad de la prestación de los servicios, y esto sucede porque a Claudia López solo le interesa beneficiar al gran sector de la construcción, llenar los bolsillos de las concesiones que operan el transporte público y de las grandes universidades privadas, lo cual tiene como consecuencia que no se haga una adecuada distribución de los medios que se necesitan para el mantenimiento de la ciudad.
Recursos para las mujeres
Reconocemos avances en esta administración como lo es la institucionalización del Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU) y la priorización de la atención a las VBG en todas las dimensiones, sin embargo, lamentamos que la Secretaría Distrital de la Mujer sea la entidad a la que menos presupuesto se le asigna, puesto que no alcanza ni el 0,1% del presupuesto global, con un monto anual promedio de tan solo $121.000 millones para cubrir todo lo relacionado con el SIDICU, la prevención de violencias, el acceso a la justicia con las casas refugio, la atención en la línea púrpura, en el C4, en los hospitales, las casas de justicia con ruta integral y las casas de igualdad de oportunidades en las 20 localidades, entre otros.
En cuanto al SIDICU, a pesar de que cuenta con la herramienta “infocuidado” que recopila la información necesaria de la operación del sistema, aún no arroja resultados alrededor del impacto, más allá del dato del número de atenciones, que permita implementar un plan de mejora que amplíe la cobertura y la calidad de los servicios, teniendo en cuenta que este no se diseñó con base en las necesidades específicas de los territorios, sino acorde a la oferta institucional ya existente que cubre radios específicos. En ese sentido, además de ofertar servicios con base en necesidades específicas, también es necesario que el SIDICU permita la liberación de tiempo de las mujeres cuidadoras, para que, de manera autónoma, ellas decidan qué hacer con el mismo y avancen en su proyecto de vida individual en el marco del reconocimiento, reducción y redistribución de las tareas del cuidado no remuneradas.
La ciudad de derechos para la juventud
Según el DANE, en Bogotá, el 21,56% de la población es joven, de los cuales el 31% no acceden a oportunidades de formación o empleo formal, es decir, cerca de 581.458 jóvenes. El programa “parceros” ha sido una bandera de esta administración y para el cuatrienio cuenta con 23.770 beneficiados con transferencias monetarias ($500.000 mensuales por 6 meses), alcanzando una cobertura del 6,7% de la población joven en condición de vulnerabilidad, de los cuales 3.336 accedieron a un empleo (14%) y el 2,3% inició un emprendimiento (552 beneficiarios), resultados limitados y que no garantizan sostenibilidad en el tiempo, por lo cual es necesario superar el asistencialismo y proyectarse un impacto sostenido en el largo plazo.
El programa “parceros” no resuelve de fondo las necesidades que tienen los jóvenes, pues estas no son medidas que en realidad les permita desarrollar un proyecto de vida. Paradójicamente, este resulta ser un programa similar al del gobierno nacional “Jóvenes en paz”, el mismo que tanto critica la administración y su partido de gobierno, pues también entrega transferencias monetarias condicionadas siempre y cuando los jóvenes participen en los componentes educativos y realicen trabajo comunitario, ambas transferencias enfocadas a contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los jóvenes, por ende, prevenir que caigan en la delincuencia.
La importancia de Bogotá diversa y su asignación presupuestal
La administración cuenta con un proyecto de inversión llamado “compromiso social por la diversidad en Bogotá”, con el que se ha beneficiado a 10.170 personas LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social con la oferta de servicios en seguridad alimentaria, transferencias monetarias y/o servicios de cuidado. Sin embargo, se ha presentado una alerta por parte de la secretaría respecto a la posibilidad de reducción de partidas presupuestales, lo cual resulta preocupante, pues este es de los pocos proyectos con enfoque de diversidad en el marco del cumplimiento de la política pública LGBTI y su desfinanciación causaría una desprotección para esta población en la capital.
Transferencias monetarias con el Ingreso Mínimo Garantizado
Para el 2024 se proyecta beneficiar a 342.000 hogares con el marco de referencia descrito en el Decreto 482 de 2023, el cual reglamenta la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado que busca, además, aportar a la desfeminización de la pobreza. Sin embargo, este decreto carece de un verdadero enfoque de género y diversidad, pues mantiene la priorización y focalización en la información del SISBEN, sumado a que obliga a la bancarización de las personas, lo que resulta ser un beneficio al sector financiero.
Los recursos públicos y la economía popular
Para 2023, en las plazas de mercado hay 2.501 espacios ocupados en los que se desarrollan distintas actividades comerciales, de estos, 949 están formalizados a través de contrato de uso y aprovechamiento económico, y los 1.552 restantes se encuentran en situación de ocupación indebida, problemática que no ha podido superarse y ha limitado la ejecución presupuestal al respecto. Dicha formalización se ha realizado a través de diferentes resoluciones que ha expedido la administración, sin la pedagogía adecuada de socialización y sin la plena inclusión de su habitante histórico, sumado al notorio ejercicio de gentrificación que han conllevado al desplazamiento de algunos comerciantes, abriendo paso a que, incluso, en plazas como La Concordia, se priorice el turismo y no el abastecimiento alimentario, que es el objeto principal del sistema de plazas.
La prioridad presupuestal de Claudia López: Transmilenio
Nuevamente, para el presupuesto de 2024, el sector movilidad cuenta con la mayor porción de la asignación presupuestal, $7,4 billones, lo cual representa el 28% de la totalidad del presupuesto. El FET tiene asignados $3,1 billones ($2,3 billones del Distrito y $825.000 millones de la Nación), es decir, se mantiene el déficit con respecto al año 2023, sin embargo, aún no hay descripción específica de lo que compone el déficit, pues aún no conocemos el componente de la ganancia dentro de los contratos entre Transmilenio y los concesionarios privados del sistema. Con la creación de La Rolita quedó evidenciado que la operación pública es mucho más económica y eficiente, pues en solo 3 meses de operación se recuperó la inversión, sin embargo, la administración en lugar de fortalecer La Rolita, decidió empezar a privatizarla capitalizando el 20% de sus acciones a favor de Enel Colombia S.A.
En cuanto al control de evasión, que es a lo que atribuyen en parte el déficit del sistema, Transmilenio ha realizado distintas acciones (puertas y torniquetes anticolados) y en informe presentado por la entidad indican que el 84% de los usuarios del sistema paga el pasaje, presentándose una reducción en la evasión, llegando a un 15%. No obstante, el déficit se mantiene, al parecer no ha generado ningún efecto de mejora en el recaudo y sí, por el contrario, estas medidas “anticolados” son excluyentes, en tanto que han limitado el acceso de personas en condición de discapacidad, madres gestantes o con bebés en brazos, personas mayores, etc.
En cuanto a la ejecución presupuestal de 2023 de la Secretaría de Movilidad, esta va en un 86%, y si bien tiene una buena ejecución porcentual, esto no es directamente proporcional al buen funcionamiento del sistema, pues el mayor déficit es en el sistema de transporte zonal, y la solución de Claudia López ha sido hacer más troncales de Transmilenio para cubrirlo, como el caso de la Av. 68. Sería más eficiente si los recursos se hubieran destinado para hacer un sistema férreo, que tuviera la capacidad de transportar a más personas y de manera digna.
Sumado, es importante mencionar que, del cupo de endeudamiento, se destinaron $5,7 billones (48%) para el metro y las troncales alimentadoras, lo cual evidencia que el negocio del transporte y de los operadores privados fueron la prioridad de la alcaldesa.
La educación de la ciudad
Gran parte del recurso del sector de educación se ha destinado a obras de infraestructura que han construido privados, sin embargo, la preocupación radica en la limitación del presupuesto para el funcionamiento de dichos colegios, que incluye la contratación docente, el aseo, la vigilancia, los servicios públicos, el PAE, etc., así como se evidenció en el anteproyecto de la Secretaría de Educación de 2023, recursos que luego tuvieron que ser asignados en el acuerdo de adición presupuestal del año en curso.
Jóvenes a la U y la U Distrital
Para el programa “Jóvenes a la U”, durante estos 4 años, se le destinó una inversión de $1,8 billones solo para matrículas (45 mil cupos para “jóvenes a la U”), $300.000 millones para el sostenimiento de los beneficiarios de los cupos que se proyectaban abrir, más los $9.000 millones anuales que se destinan para el funcionamiento de ATENEA, que como recuerdan se creó con el propósito de manejar los recursos de la educación superior y que ha sido la agencia que ha venido asumiendo la implementación de todo el programa de “Jóvenes a la U”; recursos de los cuales, solo para cupos de educación superior, se destinaron $1,2 billones que salieron del cupo de endeudamiento, sin mencionar los recursos que se deben de aportar desde los Fondos de Desarrollo Local.
Al respecto, como lo hemos evidenciado con anterioridad, más de la mitad de estos recursos va a parar a las universidades privadas, siendo un programa temporal y que financia a la demanda porque, a pesar de que también hay recursos destinados para la Universidad Distrital, estos no ingresan a la base presupuestal, una vez el estudiante termine el programa y no haya más giros, no hay la forma de garantizar la permanencia del ingreso y la existencia del cupo, por eso, es un programa diseñado para pagar altas matrículas en IES privadas y para desfinanciar la Universidad Distrital (UD) que es de responsabilidad de Bogotá, la cual se ha caracterizado estos 4 años por su falta ejecución del presupuesto de inversión, y no propiamente por falta de voluntad, sino por falta de recurso para el funcionamiento: si no se tiene recurso para operar una nueva sede, la sede termina por no utilizarse, lo cual es grave en esta época en la que la UD tiene un alto déficit de infraestructura por estudiante.
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
La ejecución presupuestal hasta octubre del 2023 para la SSCYJ es de 75.02%, pero insistimos ¿cómo se ha visto reflejado en la mejora de la seguridad en Bogotá? ¿Cuál ha sido el impacto? si las únicas estrategias han sido invertir en hacer cumplir las normas del código nacional de policía, mejorar la dotación y formar a más policías, pero realmente el impacto que se ha generado en Bogotá ha sido nulo, y el problema de fondo no es cuánto dinero se va a destinar para cumplir con estas metas, sino ¿cuál va a ser la estrategia que va a implementar el nuevo alcalde de Bogotá para mejorar la seguridad en Bogotá? ¿Se seguirá replicando el modelo de estigmatización y criminalización de la vida juvenil? ¿O se perseguirán a las grandes cabezas criminales que operan en la ciudad?
El endurecimiento de la Estructura Ecológica Principal
Dentro de los incumplimientos en los cuales hemos realizado un énfasis especial, está la burla por parte de esta administración al Pacto Ambiental suscrito en campaña frente al endurecimiento de Humedales en Bogotá, puesto que Claudia continuó el proyecto de Peñalosa: convertir los ecosistemas naturales fundamentales para la vida de la ciudad en espacios llenos de caucho y cemento, estéticamente “bonitos”, pero que extinguen la vida.
Ahora bien, esta política de endurecimiento consistió en dos componentes: el primero, en la continuación de las obras de construcción dentro de los humedales, ciclorutas, alamedas, puentes, torres de avistamiento, entre otras; y el segundo, en ejecutar mediocremente los programas tendientes a la recuperación ecosistémica de los humedales. En el segundo componente, como meta se proyectó invertir un valor de más de 3.900 millones en el diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para 10 de los 17 humedales reconocidos, es decir del 58,8% de la totalidad de los humedales de Bogotá.
Aquí viene nuestra principal crítica que consideramos es importante que la comunidad la conozca: ¿saben en dónde se invirtieron más de 434.000 millones de pesos? Para definir la recuperación ecología se invierten menos de 4.000, pero $434.000 millones se destinaron para el primer componente, para el endurecimiento que disfrazan en “estructuras para el disfrute integral”, contenido en el programa 205 relacionado con corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal, senderos peatonales, aulas ambientales, estructuras de monitoreo, observatorio para avistamiento de aves y otros espacios de contemplación. Es decir que el cemento le ganó a la vida durante esta administración.
En conclusión, bien sabemos que la próxima administración es el continuismo de Peñalosa y Claudia López y seguirán proyectando la ejecución de los recursos bajo un modelo neoliberal y harán de los derechos mínimos de la ciudadanía un negocio, con el agravante que la administración saliente deja un gran endeudamiento que limita el funcionamiento de la ciudad.
Aquí viene nuestra principal crítica que consideramos es importante que la comunidad la conozca: ¿saben en dónde se invirtieron más de 434.000 millones de pesos? Para definir la recuperación ecología se invierten menos de 4.000, pero $434.000 millones se destinaron para el primer componente, para el endurecimiento que disfrazan en “estructuras para el disfrute integral”, contenido en el programa 205 relacionado con corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal, senderos peatonales, aulas ambientales, estructuras de monitoreo, observatorio para avistamiento de aves y otros espacios de contemplación. Es decir que el cemento le ganó a la vida durante esta administración.
En conclusión, bien sabemos que la próxima administración es el continuismo de Peñalosa y Claudia López y seguirán proyectando la ejecución de los recursos bajo un modelo neoliberal y harán de los derechos mínimos de la ciudadanía un negocio, con el agravante que la administración saliente deja un gran endeudamiento que limita el funcionamiento de la ciudad.
