En Colombia, los alcaldes están solos en los territorios. Enfrentan desafíos que todo el tiempo los ponen a prueba en una capacidad sobre humana de liderazgo y gestión. Uno de los problemas más graves es la seguridad. A pesar de sus esfuerzos, los alcaldes están abandonados, sin el apoyo suficiente del gobierno nacional, lo que pone en riesgo la estabilidad de sus municipios.
El abandono del gobierno central se manifiesta de diversas maneras. En primer lugar, los recursos financieros destinados a la seguridad son insuficientes y están ultra centralizados. Los alcaldes deben hacer malabares con presupuestos limitados para intentar cubrir las necesidades básicas de sus comunidades, lo que deja poco margen para invertir en medidas de seguridad efectivas. Sin fondos adecuados, es difícil contratar y capacitar a más policías, adquirir tecnología de vigilancia moderna o desarrollar programas de prevención del delito.
Además, la articulación entre los diferentes niveles de gobierno es deficiente. La seguridad ciudadana requiere un enfoque integral y colaborativo, equipos de tarea conjunta, donde las autoridades locales, regionales y nacionales trabajen de la mano. Sin embargo, en muchos casos, los alcaldes no cuentan con el respaldo necesario para enfrentar las amenazas que afectan a sus municipios. Esta falta de coordinación no solo limita la efectividad de las acciones de seguridad, sino que también cultiva un sentimiento de desamparo de la población.
Otro aspecto crítico es la falta de políticas públicas fundamentadas en la evidencia, coherentes y sostenibles. Los alcaldes a menudo se enfrentan a cambios constantes en las directrices y prioridades del gobierno nacional, lo que dificulta la construcción y ejecución de estrategias a mediano plazo. La seguridad ciudadana no puede depender de medidas temporales o improvisadas; requiere planificación y compromiso continuos. Sin una visión clara y articulada, los esfuerzos locales se diluyen y pierden impacto.
La situación se complica aún más en regiones donde la presencia de estructuras criminales es una realidad cotidiana. En estas zonas los alcaldes enfrentan un doble desafío: proteger a sus comunidades y, al mismo tiempo, lidiar con la falta de apoyo estatal. En muchos casos, estos líderes locales se convierten en blanco de amenazas y ataques, lo que pone en riesgo no solo su gestión, sino también sus vidas.
Es fundamental que el gobierno nacional asuma su responsabilidad y brinde el apoyo necesario a los alcaldes, quienes son los principales cuidadores en sus comunidades. La seguridad no debe ser una carga que recaiga únicamente sobre los hombros de los líderes locales, sino una prioridad compartida que impulse la colaboración entre todas las instancias de gobierno. Solo así se podrá construir un futuro en el que todos los ciudadanos colombianos puedan vivir con tranquilidad, dignidad y en paz.
