Los aprendizajes que nos deja el caso Javier Ordóñez

Publicado por: maria.vargas el Sáb, 12/09/2020 - 15:00
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Por: Alejandro Ramírez.
Alejandro Ramírez

Analizando los hechos que rodean la muerte de Javier Ordóñez, luego de la intervención de dos agentes de Policía, recordé las situaciones vividas cuando fui llamado a dirigir una importante y relevante institución, como es la Justicia Penal Militar y Policial al interior del Ministerio de Defensa en el gobierno del Presidente Duque, para transformar el fuero penal militar y policial. 

Recuerdo la especial atención que recibió la institución, particularmente durante difíciles crisis. El día de mi posesión, fue también el día en que el país fue sacudido por la muerte de quien se encontraba en programa de reinserción, Dimar Torres en Norte de Santander. Meses después, el ataque a la base militar de La Lizama, en el Magdalena Medio; el caso de los oficiales de la fuerza aérea quienes murieron en el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, cuando terminaba la revista aérea con ocasión de la conmemoración de nuestra independencia y, posteriormente las violentas manifestaciones en contra del gobierno, donde en un operativo de conservación del orden público en el corazón de Bogotá, murió Dylan Cruz. 

Siempre defendí la importancia del fuero, tanto para los miembros de la fuerza pública involucrados en estos actos, como para la garantía de transparencia para el colectivo social, aún cuando el gobierno diera gran relevancia a la jurisdicción ordinaria, por la importancia que para el desenvolvimiento de la investigación tiene el desarrollo de los actos urgentes que atiende la Fiscalía General de la Nación.

Durante el tiempo que permanecí en el cargo y cumpliendo lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la dirección se concentró en preparar una implementación exitosa del Sistema Penal Acusatorio, Una ley que cuenta más de 10 años de existencia (ley 1407 de 2010) y cuya estructura fue materia de legislación hace más de 5 años (ley 1765 de 2015), y hoy sigue pendiente. Para lograrlo, interactuamos con lo más granado de la materia penal en Colombia en nuestro nuevo Palacio de Justicia Penal Militar y Policial, T.F Laura Rocío Prieto Forero. En presencia de los funcionarios de todo el territorio de la jurisdicción, del alto mando militar, el cuerpo de generales en retiro, congresistas, catedráticos, periodistas, miembros de cuerpos diplomáticos en Colombia, decanos de facultades de derecho, la Cruz Roja Internacional e incluso funcionarios judiciales y administrativos de la JEP, ilustramos la forma en que la dirección ejecutiva de la Justicia Penal Militar pretendía implementar este sistema. La ayuda del gobierno de los Estados Unidos no se dejó esperar donando con generosidad los servidores para el almacenamiento de nuestros procesos, en la migración a un sistema moderno de datos. Y así, Colombia obtuvo por primera vez en la historia la sede del Foro Interamericano de Justicia Penal Militar, donde nos enfocábamos en ilustrar esta migración del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. 

Y es que le hace muchísima falta a nuestro fuero, ser fortalecido con instituciones como la Fiscalía Penal Militar y Policial, un cuerpo de investigación sólido que permita hacer realidad la separación de las fases de investigación y juicio, que hoy se concentran en la conocida figura del juez de instrucción penal militar. Esta exigencia, no es solo una necesidad de actualización interna: es también una oportunidad de validar nuestro fuero ante organizaciones regionales e internacionales de administración de justicia, quienes mantienen permanente atención sobre lo que sucede en ésta materia en Colombia, y cuando los rankings internacionales, como el World Justice Project, ubican a Colombia en un lejano puesto, dada la dificultad que tienen los colombianos de acceder al sistema de justicia. 

Pero ésta dificultad de acceder al sistema de justicia es mayor para los miembros de nuestra fuerza pública: tanto para los miembros de la Policía Nacional, como para los de nuestras FFAA. Las operaciones para mantener el orden público son escrutadas por los medios de comunicación, algunas veces con la filtración de la reserva sumarial, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de quienes participan en ellas y, en lo que conocemos como el desarrollo de juicios paralelos, presionan a los operadores judiciales a definir en una orientación particular importantes casos, mostrando a los involucrados como condenados. Estar sometidos al constante escrutinio de la prensa, con el desconocimiento de las difíciles condiciones de operación que tienen los miembros de la fuerza pública en Colombia, se convierte en un poderoso aliciente para desalentar una iniciativa tan importante en los ciudadanos colombianos, como es servir a su patria vistiendo el uniforme. Y no podemos permitir el debilitamiento del servicio, porque atenta contra nuestro proyecto de país y precave la fragilidad de las instituciones, favoreciendo la anarquía.

Necesitamos con urgencia que se transforme y mejore definitivamente las pautas del reclutamiento para el servicio; al igual que necesitamos fortalecer el sistema de disciplinamiento al interior de cada una de las fuerzas; y por supuesto dar un paso definitivo en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el fuero penal militar y policial, para permitirle a los miembros de nuestra fuerza pública, esa garantía del juez natural, que se erige como principio fundante del fuero. El fuero NO es -NO, en mayúsculas- un “pasaporte a la impunidad”, como lo ha manifestado con profundo desconocimiento y populismo, la cabeza del ministerio público luego del  reciente hecho luctuoso por la muerte de Javier Ordoñez.

Por supuesto, acierta el Presidente de la República en rechazar de plano el reclamo equivocado de la Alcaldesa de Bogotá, quien navega en las antiguas críticas al fuero de sus correligionarios ideológicos y que por décadas han pretendido el debilitamiento de una institución tan importante para el sostén de nuestra democracia. Antes bien, necesitamos continuar la transformación del fuero penal militar y policial en Colombia, de cara a la legitimidad de nuestra fuerza pública y la materialización del acceso a la justicia que imponen las realidades sociales y de orden público que enfrenta nuestra Nación en sus regiones.