El caso de Daver Carpio Buchicama, un joven indígena víctima de una mina antipersonal, que le destrozó el pie derecho y que se desplazaba desde Pie de Docampadó, Bajo Baudó, hacia Ricordó en Medio San Juan chocoano, a acompañar a la familia del líder del Pueblo Wounaan, Luis Chamapuro Quiro, asesinado según la fuerza pública por el ELN, tras permanecer secuestrado por este grupo al margen de la ley y al que se le exigía la suma de 500 mil pesos, pone de nuevo el dedo en la llaga, con el tema del desminado en este departamento y en el resto del país.
Afortunadamente Carpio Buchicama, está aún con vida, pero una lesión de esta magnitud, trae consigo muchísimas secuelas y complicaciones de tipo séptico, los cuales podrían ser fatales.
Y es que según un reciente informe de la Oficina del alto Comisionado para la Paz, OACP, hasta la fecha, se han registrado 12.134 víctimas por minas antipersonal (MAP) y munición sin explosionar (MUSE), siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1224 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido del año 2021, se han presentado 141 víctimas.
Esta problemática ha dejado heridas al 81% (9.797) de las víctimas y el 19% (2.336) personas han fallecido a causa del accidente, es decir, aproximadamente en 1 de cada 5 casos la víctima fallece. Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el 60% han sido integrantes de la fuerza pública y el 40% restante, corresponde a civiles.
Las alcaldías deben realizar obligatoriamente acciones para proteger a sus comunidades de los efectos de las minas antipersonal, así lo dice la Procuraduría General de la Nacional en su directivas 13 del año 2020 y 17 del año 2021. Así mismo, la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas muestra la afectación de cada municipio y le solicita a los municipios realizar acciones consistentes en diseñar e implementar el Plan de Acción Integral Contra Minas Antipersonal del municipio, ya que este plan puede preparar al municipio para cumplir con el propósito de proteger a las comunidades y al mismo tiempo con los requerimientos de los entes de control, como son la identificación y señalización de los posibles sitios donde se sospeche que existe presencia de estos artefactos y así quizás, Daver Carpio Buchicama no hubiera perdido su pierna.
El 89,57% de las víctimas son mayores de edad (10868), una gran parte de estas víctimas pertenecen a la fuerza pública (7278). Si bien, al solo tener en cuenta en las víctimas civiles (4855), el grupo demográfico más afectado, de nuevo, son los hombres mayores de edad (65,59%); el segundo grupo que muestra mayor afectación son los niños y adolescentes (20,18%), luego se encuentran las mujeres mayores de edad (7,63%) y las niñas y adolescentes (5,77%).
El Programa Descontamina Colombia tiene registro de al menos 11.527 víctimas por minas antipersonal y 606 víctimas por munición sin explosionar. A pesar de que los accidentes por Munición Sin Explotar - MUSE no son tan frecuentes, se debe tener en cuenta que 1 de cada 4 víctimas fallece, son más letales que las minas antipersonal que 1 de cada 5 víctimas, fallece.
En 493 municipios de los 32 departamentos del país se han presentado accidentes por Minas Anti Persona, MAP y MUSE desde que se tiene registro. Los 5 municipios con mayor número de víctimas de 1990 a la fecha han sido Vistahermosa (Meta) con 370 víctimas, Tumaco (Nariño) con 353, Tame (Arauca) con 348 víctimas, Tarazá (Antioquia) con 271, y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 264 víctimas. Y a nivel departamental, los 5 departamentos con mayor número de víctimas ha sido Antioquia (2.627), Meta (1142), Nariño (1.038), Norte de Santander (951) y Caquetá (947).
El departamento del Chocó, no es ajeno a este terrible flagelo, siendo el municipio de Riosucio con 16 accidentes por Minas antipersonas el de mas afectación, seguido por Tadó, Unguía y en un vergonzante empate, Sipí y Quibdó con 11 accidentes hasta la fecha.
Al momento que escribo este artículo, 445 indígenas han sido víctimas de accidentes por MAP y MUSE que, en términos relativos al total de víctimas por MAP y MUSE, representa el 3,5%. Es necesario tener en cuenta que el 36,99% (163) de las víctimas indígenas han sido menores de edad y del total de víctimas el 27,63% de las víctimas fallecen por causa del accidente. Lo cual representa un gravísimo problema para este grupo minoritario.
Si hablamos de Minas antipersonas por año, podemos aseverar que en el país, del 2006 hasta hoy, esta práctica baja y ruin, disminuyó notalmente, con 434 Civiles, 790 de la Fuerza Pública, para un total de 1.224. A la fecha van 91 civiles y 55 pertenecientes a la Fuerza Pública, que suman 143 personas.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP ha desarrollo acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema Normativo para garantizar el acceso a derechos de las víctimas de MAP y MUSE en las diferentes políticas sectoriales. Ello se evidencia en la formulación e implementación en el año 2016 de la Ruta de Atención en Salud y Rehabilitación Funcional para Víctimas de MAP y MUSE, ejercicio que partió de la base de crear un instrumento que permite tender puentes entre el mundo de la Discapacidad y la Asistencia a las Víctimas; se trata de una herramienta que orienta tanto a víctimas y sus familias, como a profesionales con competencias y responsabilidades en estos mundos, frente a los mecanismos de acceso a los derechos contemplados en las etapas de la Ruta.
Asimismo, en el marco de la Ley, por medio de la Resolución 00677 de 2017, el Estado Colombiano ha establecido los mecanismos para garantizar la Participación de las víctimas de MAP y MUSE en la Mesa de participación de los diferentes hechos victimizantes que establece la Política de Atención y Reparación a las Víctimas.
Recuerden pues, señores alcaldes y gobernadores, que están OBLIGADOS a formular, ejecutar e implementar los Planes de Acción Integral contra Minas Anti Personas, para que su ente territorial cuente con un instrumento que le permita dar respuesta inmediata a los afectados pero sobre todo, les sirva de escudos de posibles demandas millonarias cuando resulte algún afectado por esta práctica aberrante en su municipio.
