Lo desafortunado no es que la paz forme parte del orden imaginado por el Constituyente, sino que 32 años después siga condenada a no ser una realidad tangible para todos porque la desigualdad en Colombia no es solo económica sino política. El pasado 12 de enero de 2023, casi siete años después de la firma del marchitado acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, las disidencias de este grupo guerrillero emitieron un comunicado a la opinión pública en el que indicaban que podrían estarse organizando operaciones conjuntas de las «Fuerzas Militares y organizaciones armadas». Esta información se produjo pocos días después de que se decretara el cese «bilateral» al fuego entre el Gobierno y cinco grupos armados.
En lo que respecta al ELN, no fue un asunto pactado por ambas partes, lo que produjo la primera crisis de la improvisada mesa de negociaciones. En relación con los grupos delincuenciales organizados, el fiscal se negó a suspender las órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo por ser puros narcotraficantes sin estatus político que solo pueden someterse a la ley. Desmemoriados como somos, se nos olvidó lo que significó para Pablo Escobar “someterse a la justicia”. De la misma forma, advirtió de la preocupación que tiene el Departamento de Justicia de EE.UU., por la posible liberación de delincuentes de alta peligrosidad. Si las cosas permanecen por este rumbo, la paz total será impunidad total y un estruendoso fracaso que nos costará un nuevo baño de sangre generacional.
La violencia en Colombia no es meramente un capítulo sin cerrar, es la historia sin fin de una sociedad injusta, carente de confianza, incomunicada, sin memoria, donde la cultura de legalidad territorial ha sido suplantada por un régimen de clanes políticos regionales mafiosos. La violencia es la compleja realidad intergeneracional vivida, particularmente, en la periferia abandonada por el Estado. Por esta razón, es sensata la apreciación del fiscal Barbosa en entrevista con Meridiano Blu el 18 de enero de 2023: «No estamos con Caguanes», pues necesitamos que el Estado esté presente en todos los territorios para evitar que aumenten los asesinatos de líderes sociales. ¿Qué tal si hubiéramos tenido tan firmes muestras de independencia de su parte durante la presidencia de Iván Duque durante el estallido social por ejemplo?
Por las controversias que surgieron de la entrevista, Petro y Barbosa programaron un encuentro para «evitar discordias institucionales en el camino de la paz». Al presidente, le recomiendo que no falte a la reunión; ni la peor de las gripes, ni el más mortífero insomnio repararán el nuevo desplante. Una vez allí: actitud de escucha, que usted no es la única autoridad en Colombia. A Barbosa, en cambio, le sugiero encontrar la forma de transmitir, sin falsear cifras, que la fuerza pública debe seguir cumpliendo sus funciones constitucionales, que tal labor forma parte del camino a la paz.
La historia republicana de la política colombiana ha estado permeada de conflictos internos, pero aun así nuestra Constitución consagra el derecho fundamental a la paz. Siendo tradicionalmente tan belicistas, habría sido mucho más fácil abstenernos de fijar una postura así de exigente en la carta política. Afortunadamente, no se optó por la opción pragmática, y propender por la paz es también un deber de todo colombiano. Que los poderes públicos colaboren armónicamente para que se den las condiciones necesarias, y el fin de la violencia sea además una realidad más que imaginada.
