La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por las comisiones económicas del Congreso representa un pequeño triunfo para la oposición. Con un monto total de $546,9 billones, $10 billones menos que el proyecto inicial del Ejecutivo, este presupuesto corrige algunos excesos que rayaban en el autoritarismo. Celebro que se le hayan quitado al presidente facultades extraordinarias abusivas, especialmente el control sobre las vigencias futuras, que le habrían permitido manejar recursos a su antojo sin escrutinio del Congreso. Evitamos que el Ejecutivo tenga un cheque en blanco para satisfacer caprichos ideológicos.
Este presupuesto está alarmantemente desfinanciado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) lo ha dejado claro: incluso con los recortes, persiste un faltante de $29,4 billones para cumplir con la meta de déficit del 6,2% del PIB. Para tapar el faltante, el gobierno ha propuesto una reforma tributaria por $16,9 billones, y aún quedaría un hueco de $12,5 billones. Se requeriría más ajustes o, peor, más deuda. Colombia es un país asfixiado por una carga tributaria que ahoga a los emprendedores, a las familias y a las empresas que generan empleo. No necesitamos más gravámenes que castiguen el trabajo y premien la ineficiencia estatal. Por eso, anuncio que desde el Centro Democrático y con aliados en el Congreso, buscaremos hundir esa reforma tributaria.
El problema no es la falta de ingresos, sino el despilfarro y la corrupción que inflan el gasto público. Entre agosto de 2022 y marzo de 2025 se celebraron más de 1,8 millones de contratos de prestación de servicios, la mayoría por contratación directa. Eso es clientelismo puro.
Y si hay algo que me preocupa en este presupuesto es la disminución del gasto en defensa. El recorte de $1,5 billones en Defensa y Policía es inaceptable en un momento en que la situación del país es crítica. Nuestra Fuerza Pública es el escudo de la nación, y debilitarla es invitar al caos.
El servicio de la deuda se nos lleva de tajo una gran tajada: nos cuesta $102,4 billones. Estamos sacrificando lo esencial por lo superfluo. El gasto de funcionamiento se estima en $359,3 billones, con recortes en Hacienda (-$1,1 billones), Salud (-$1,1 billones) y Rama Judicial (-$435 mil millones); la inversión se reduce en $4 billones, pasando a $84,7 billones.
El panorama fiscal reciente muestra tensiones: en 2024, un déficit de $114,5 billones (6,7% del PIB) y una deuda pública que supera los $1.000 billones (+21% vs. 2023). Los pagos de intereses absorben el 4,4% del PIB, reduciendo el espacio para el gasto. La deuda neta está en el 60% del PIB. De cara a 2025-2026, las proyecciones indican ingresos menores y gasto alto, con déficits altos. La sostenibilidad depende de una reforma que reduzca drásticamente el gasto del Estado, imponga disciplina y mantenga el recaudo, buscando una reducción de impuestos.
Enfrentamos a un presidente cuyas vanidades llegan al extremo de destruir incluso lo que funciona, aunque cueste muertes. Amenaza la estabilidad económica de la nación peleando con los EE.UU. para ver si surge como líder mundial, pues, como líder nacional, fracasó estruendosamente. Este presupuesto es un recordatorio de que la lucha por un país próspero y seguro no termina en una votación. Debemos defender la libertad económica, rechazar el estatismo asfixiante y priorizar la defensa nacional.
