Ayer fue un día conmocionado para el país. En una decisión sin precedentes la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento preventivo en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Algunos sectores se indignaron y otros decidieron celebrarlo. Personalmente, no voy a alegrarme de la desdicha ajena, siempre voy a mantenerme en mi posición de respetar las instituciones. Más allá de la esquina política en la que nos encontremos este hecho debe ser un llamado a defender la autonomía judicial, el debido proceso y el Estado de Derecho.
Contrario a lo que muchas personas creen, este proceso judicial no tiene relación con las actuaciones del senador Uribe cuando fue presidente de la República, sino que inició en el 2012 cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente ofrecer beneficios a presos para que declararan en su contra en procesos por paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia empezó una investigación al senador Cepeda, sin embargo, en el 2018, el alto tribunal archivó ese caso y comenzó a investigar al senador Uribe por una supuesta manipulación de testigos.
El proceso judicial que tiene abierto el senador Álvaro Uribe Vélez debe gozar de plenas garantías para las distintas partes. Opinar desde otra rama del poder público sobre lo que debe o no debe hacer la Corte Suprema estaría violando ese principio sagrado de respeto a la independencia de los poderes públicos.
Habla mal de una democracia cuando los funcionarios públicos del ejecutivo y del legislativo descalifican las decisiones de la rama judicial desde lo político y no desde lo jurídico. Todas las democracias modernas se basan en la autonomía e independencia de la justicia. Los jueces toman decisiones basados en la constitución política y la ley. Entiendo las diferentes opiniones, pero no por ello se deben generar presiones a la justicia. Como ciudadanos, debemos exigir respeto por las decisiones judiciales sin importar a quien se está juzgando.
Así como no hay mártires en este cuento, tampoco debe haber villanos. Sin importar la opinión que tengamos sobre el senador Álvaro Uribe, como ciudadanos debemos exigir que se garantice su derecho al debido proceso y presumir su inocencia hasta que se pruebe lo contrario. De este derecho gozamos todos y cada uno de los colombianos sin distinción de ningún tipo. La Corte Suprema de Justicia dictó una medida de aseguramiento de carácter provisional, preventiva, cautelar, y no significa que haya sido declarado culpable como algunos afirman.
Nuestras preferencias políticas no deben sesgarnos hasta el punto de desear que se violen los derechos de una persona. Por esto, es importante que el Estado de Derecho prime siempre sobre el Estado de Opinión. La opinión es completamente subjetiva y por ello es contraria a la objetividad y neutralidad que exige el principio de legalidad en una sociedad democrática.
Cada uno tiene opiniones distintas y estamos en todo nuestro derecho de expresarlas y debatirlas por distintos canales como nuestras redes sociales. No obstante, no se pueden confundir los temas y pensar que nuestra opinión es la verdad absoluta y nos corresponde impartir justicia o presionarla. Las opiniones políticas no pueden influenciar a las decisiones judiciales o tergiversar los hechos que ya sucedieron.
Como ciudadano respeto la independencia de la justicia e invito a todos los colombianos a hacerlo. Asimismo, quiero invitar a los distintos sectores políticos a no utilizar está situación para hacer llamados a sublevarse o para convocar aglomeraciones durante el aislamiento preventivo. Lo último que el país necesita en medio de una crisis sanitaria y económica es una crisis institucional. Debemos entender y respetar la autonomía de las ramas de poder y continuar el camino hacia la reactivación económica en lo cual debemos centrar nuestros esfuerzos y nuestra agenda. No es momento de celebraciones ni de resentimientos, sino de trabajar unidos por la causa que es, y siempre será, Colombia y su reactivación. Es momento de mantener la calma y la prudencia.
