En teoría, el sistema de salud colombiano se basa en la solidaridad y la cobertura universal, en donde quienes más tienen subsidian a quienes no pueden pagar; por esta razón, Colombia tiene un sistema de salud que cubre a la mayor parte de la población. A pesar de esto, el sistema tiene dos puntos débiles: el primero, la promoción de una cultura de confianza en la acción colectiva entre los diferentes actores de la cadena de valor del sector salud, y el segundo, la mitigación de profundas desigualdades en el sistema; situaciones estas que, claramente, afectan en la atención del COVID-19.
En los últimos meses la expresión “trabajo coordinado” se ha impuesto entre los mandatarios del nivel nacional, departamental, distrital y municipal porque, en efecto, las medidas para enfrentar la pandemia demandan un alto nivel de coordinación entre gobiernos, además de los aseguradores, prestadores, profesionales de la salud y usuarios. Este esfuerzo coordinado es fundamental durante la fase de crisis donde nos encontramos, pues la curva sube rápidamente y cada vez es más alto el número de infectados, por lo que es posible la saturación del sistema de salud.
Sin embargo, pese a lo anterior, estamos faltando a la promoción de la cultura de la confianza, pues nos encontramos frente a una evidente omisión de información, lo cual ha generado profundas fracturas en la comunicación, llevando a las ciudades a tomar decisiones no planificadas, promoviendo un estado de incertidumbre generalizado frente a una pandemia que expuso la fragilidad de un sistema que, infortunadamente, no crece al mismo ritmo que la demanda, pues dada su complejidad y dispersión, cuenta con diferentes actores que no facilitan su eficiencia.
En cuanto a la fuerza laboral de salud para atender la pandemia vale la pena aclarar que si bien el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 3,5 médicos por cada 1.000 habitantes, los países de América Latina cuentan con 2 de ellos para esta población. Colombia, por su parte, cuenta con 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes, ubicándose por debajo de lo recomendado, en donde Bogotá concentra la mayor cantidad de profesionales en salud.
Por otra parte, en cuando al número de camas hospitalarias, el promedio es de 12 por 1.000 habitantes según la OCDE; situación que en el caso de América Latina, al inicio de la pandemia, era de 9,1 por esta población, y en Colombia, al año 2017, según última cifra oficial antes de la pandemia, contaba con tan solo 1,7 camas por 1.000 habitantes. Lo cual resulta alarmante si se tiene en cuenta que no todas las camas son de fácil acceso para la población debido a que la gran mayoría de éstas se encuentran en el sector privado, lo cual aleja la posibilidad de uso para las personas de menores recursos, pues los esquemas públicos tienen deficiencia de estas.
Actualmente Bogotá se encuentra en etapa de instalación de servicios UCI y, hasta el 21 de julio, la ciudad contaba con 1.394 camas, de las cuales 1.278 estaban siendo utilizadas por pacientes COVID (posibles y confirmados), lo que representa más del 91.7% de ocupación. Así, entre el sector público y el privado, la ciudad ha ampliado la capacidad de UCI en 427 camas, y según el último reporte de la Secretaria de Salud Distrital, al 18 de julio, Bogotá ha adquirido 143 ventiladores. Pese a ello, según el modelo epidemiológico, la ciudad debe crecer en 1.114 camas UCI.
Una de las decisiones más polémicas ha sido la apertura del hospital de Corferias, un espacio que a la fecha cuenta con 2000 camas instaladas, que inicialmente significó una inversión de más de 6 mil millones de pesos y solamente atendería a pacientes de baja y media complejidad, esto implicó que, a pesar de la alta inversión, el centro transitorio haya atendido a un pequeño número de pacientes. Razón por la cual, en los últimos días, la administración distrital tomó la decisión de abrir ese centro médico para la atención de pacientes con Covid-19 que no tengan mayor complicación.
Es innegable que la gestión del Covid-19 debe hacerse de manera multidimensional e interinstitucional, cosa tal que la ciudad cuente con la capacidad de proteger la salud de la población y el desarrollo económico de la sociedad. Para ello se hace necesario promover una gestión eficiente de las Unidades de Cuidado Intensivo, contar con los profesionales de la salud necesarios para su operación, disminuir el tiempo de diagnóstico, permitiendo cerrar el cerco epidemiológico y disminuir la velocidad de contagio. Finalmente, urge poner en marcha un plan de testeo masivo en las localidades, promover un papel activo de las entidades competentes y desarrollar un estricto control político por parte del órgano que representa el sentir de la ciudadanía, nuestro Concejo Distrital.
