Sin duda, uno de los mayores retos de este año es la recuperación del empleo y, a su vez, del tejido empresarial colombiano, gravemente afectado por la pandemia del Covid 19. Sea esta la oportunidad de resaltar la fortaleza y resiliencia de aquellos negocios que han logrado mantenerse en pie en medio de la crisis económica, sin desconocer los esfuerzos del Gobierno Nacional y del Congreso para brindar ayudas a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin embargo, y en concordancia con lo que recientemente ha manifestado Arturo Calle, debemos revisar la carga tributaria que recae en gran medida sobre los creadores de plazas de trabajo en el sector real de la economía.
Iniciemos con cifras. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá, de enero a agosto de 2020, 37.000 empresas fueron liquidadas, lo que representa un incremento del 63% respecto al mismo periodo de 2019. De estas empresas liquidadas, el 99% eran MiPymes, distribuidas entre personas naturales (95%) y jurídicas (5%). Además, el 96% se dedicaban al comercio, 35% a servicios de alojamiento y comida, y 10% a manufactura.
Según el último informe de insolvencias de la Superintendencia de Sociedades, para el mes de septiembre del año pasado se presentaron 3.055 procesos de insolvencia, donde vuelven a destacar los sectores de servicios, comercio y manufactura, poniendo en riesgo 126.147 puestos de trabajo.
Sumado a la quiebra de varias pequeñas y medianas empresas, el tejido empresarial también enfrenta el problema de la informalidad. Así lo revela un estudio realizado por Fedesarrollo con datos de la ‘Gran encuesta integrada de hogares’ (GEIH) del DANE. Acorde con sus hallazgos, el 60% de las empresas del país son informales, donde la mayoría son MiPymes que emplean al 37% de los trabajadores colombianos.
Ley de emprendimiento
No podemos desconocer los esfuerzos que ha venido haciendo el Gobierno Nacional para enfrentar la peor crisis económica de la historia. Un paso importante para proteger a los micro, pequeños y medianos empresarios se dio en el semestre pasado desde el Congreso de la República con la aprobación de la ley de emprendimiento, presentada por el Ministerio de Comercio e iNNpulsa.
Esta norma busca brindar un marco regulatorio moderno que facilite y apoye los nacimientos de nuevos emprendimientos y empresas con el objetivo que crezcan e incentiven la creación y retención de empleo. De esta manera, se ofrecen tarifas diferenciadas y simplificación de trámites para los nuevos empresarios, se facilitan las operaciones de compras públicas, así como la consecución de recursos y acceso a instrumentos financieros.
Las empresas sobrevivientes
Como lo dijimos al iniciar esta columna, debemos destacar el aguante de muchos negocios que han logrado continuar a pesar de la grave crisis. Según Merco (Monitor empresarial de reputación corporativa), Arturo Calle, Crepes & Waffles, Éxito, Nutresa y Bavaria lideran el ranking de las empresas con mayor responsabilidad social durante la pandemia. Esto, en otras palabras, significa un compromiso con la ética y el medio ambiente, pero -en especial- con sus empleados, flexibilizando sus políticas internas para mantener el empleo y continuar operando.
Precisamente, en días pasados, Arturo Calle manifestó su inconformidad por la alta carga tributaria a la que deberán enfrentarse en el 2021 y, en específico, al aumento del impuesto predial en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Es claro que las empresas sobrevivientes necesitan más apoyo y por esto es acertada la ampliación de los plazos para el pago tanto del impuesto predial como el ICA en algunas capitales de Colombia.
Actualmente, la mayor carga tributaria del país recae sobre los principales generadores de empleo en el sector real de la economía y no sobre las personas naturales, lo que dificulta el nacimiento y robustecimiento de las empresas. Desde el 2012, las personas jurídicas aportan en impuestos el 5,5% del PIB mientras que las personas naturales apenas supera el 1%, tal como lo demuestran los datos de la DIAN. Esto es contrario a lo que sucede en los países de la OCDE y, por tanto, la carga contributiva es un tema que se debe tener en cuenta en una venidera reforma tributaria con miras a reconstruir el tejido empresarial colombiano.
Darle un impulso a la creación y fortalecimiento del emprendimiento es un paso muy importante, pero es fundamental que los costos tributarios de crear empresa sean los adecuados para que los potenciales empresarios puedan desarrollar sus ideas de negocio y crear una demanda de empleo made in Colombia.
