El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles 18 de septiembre que impulsará una consulta popular para que la ciudadanía decida si se convoca una Asamblea Constituyente. La propuesta fue comunicada en su cuenta oficial de X, acompañada de una carta con membrete de la Presidencia de la República.
Según el mandatario, la iniciativa busca “devolver el poder al pueblo” y liberar al país de lo que calificó como un “secuestro institucional”. Noboa afirmó que esta será una “pregunta esencial” dentro de la próxima consulta que el Gobierno planea someter al voto popular.
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“No hay espacio para la excusa”
En el texto difundido, Noboa señaló que Ecuador ha estado “detenido por demasiado tiempo” y que es hora de romper con las estructuras que frenan al país. Aseguró que los ciudadanos votaron por el cambio en las urnas, pero que “las reglas actuales” impiden enfrentar de manera eficaz al crimen organizado y a los sectores políticos que, según él, lo protegen.
El mandatario también criticó que preguntas anteriores que presentó para consulta fueron rechazadas por la Corte Constitucional, decisión que atribuyó a “activismo político”, sin señalar a ninguna institución específica.
El papel de la Corte Constitucional
En Ecuador, toda consulta o referéndum debe pasar por el control previo de constitucionalidad. En este caso, será la Corte Constitucional la que determine si la iniciativa de Noboa puede avanzar y bajo qué procedimiento.
El anuncio abre un nuevo debate sobre los mecanismos de reforma en el país. La Constitución vigente, aprobada en 2008 bajo el mandato de Rafael Correa, establece distintos caminos: enmiendas, reformas parciales o una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Cada vía implica diferentes requisitos y alcances, lo que obliga a definir con claridad los límites y objetivos de la propuesta de Noboa.
Objetivos y tensiones políticas
El presidente indicó que una Constituyente permitiría establecer “el marco normativo de un nuevo Ecuador”. Sin embargo, la carta difundida no especifica el texto de la pregunta, ni el calendario del proceso, aunque en declaraciones previas Noboa mencionó la fecha del 30 de noviembre para la consulta.
Desde la óptica política, esta propuesta desplaza la atención de debates sectoriales hacia las reglas de juego institucionales: quién redacta la Constitución, con qué límites y hacia qué objetivos. El Gobierno sostiene que una nueva Carta Magna es necesaria para implementar leyes más duras contra el narcotráfico y el crimen organizado, flagelos que han convertido a Ecuador en el país más violento de Latinoamérica, con una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.
Riesgos e implicaciones
Analistas advierten que un proceso constituyente de esta magnitud podría generar incertidumbre normativa y hasta una paralización institucional si no se fijan salvaguardas claras para garantizar la continuidad de políticas y servicios públicos.
La confrontación de Noboa con la Corte Constitucional ya ha provocado marchas en Quito y Guayaquil, encabezadas por él mismo, luego de que el tribunal rechazara preguntas sobre castración química a violadores o la reapertura de casinos.
En paralelo, el Ejecutivo también contempla incluir en la consulta temas como el restablecimiento de bases militares extranjeras para enfrentar al crimen organizado, una medida prohibida por la Constitución de 2008 tras la salida de tropas estadounidenses de la base de Manta.
Un nuevo pulso político
El anuncio de Noboa no solo reconfigura la agenda nacional, sino que también representa un desafío jurídico y político para su administración. Mientras el Gobierno insiste en que “no hay espacio para la excusa, solo para la acción”, la decisión final sobre el camino a una Asamblea Constituyente dependerá de la Corte Constitucional y, en última instancia, del veredicto ciudadano en las urnas.
