Uno de los cambios que se deben apuntalar en esta crisis es el del reconocimiento del papel del campesinado a través de políticas públicas efectivas para garantizar mejores condiciones de producción y comercialización de alimentos. Si algo se puede constatar en las actuales circunstancias es que los alimentos no son un bien corriente, son un bien estratégico y quienes los producen no pueden seguir sometidos a unas condiciones de inequidad rampante.
Garantizar la alimentación en medio de una crisis como la que vivimos no es fácil, primero, porque no existía, en ningún lugar del mundo, una logística montada y preparada para atender las necesidades de la emergencia en tiempo real. En una ciudad de las dimensiones de Bogotá esa logística es aún más exigente. Segundo, porque las situaciones de pobreza de países como el nuestro son más evidentes que nunca y no están ahora sólo concentradas en estratos 1 y 2, sino en todas aquellas personas que pierden su fuente de ingreso. De ahí la necesidad de planear ayudas para la clase media como las previstas en el Decreto 568 de 2020.
Es necesario avanzar en una consolidación efectiva de la seguridad alimentaria.
La producción y distribución de alimentos no es algo para dejar al azar y a la total discreción del mercado. Esa seguridad alimentaria de la que se habla mucho por estos días es muy vulnerable, a pesar de lo estratégica que resulta para la estabilidad de cualquier sociedad.
El papel de los productores rurales es fundamental y comenzar a fortalecerlos debe ser prioridad, independientemente de las estrategias que defina el Estado para atender las necesidades alimentarias. En el corto plazo, el Distrito se decidió por la entrega de mercados o de dinero y, para la fase de recuperación económica, probablemente se estudiarán alternativas como las canastas humanitarias o los bienes básicos a precios humanitarios (planteadas por el Grupo Emergencia Alimentaria).
La iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico de implementar mercados campesinos móviles (a domicilio), que incluyen a varias organizaciones campesinas, es un paso en la dirección correcta y satisface saber que un primer piloto de dos días logró vender 660 mercados. Debe sostenerse este avance para un cambio en nuestro sistema de abastecimiento.
Las organizaciones campesinas de Bogotá y la región han reclamado, desde hace varios años, fortalecer sus asociaciones y su participación en las decisiones que los involucran, que se realicen compras institucionales para programas como el de alimentación escolar o comedores (en experiencias como la brasilera han llegado a constituir el 30 % de la canasta), un acceso con condiciones preferenciales a los puestos de las plazas de mercado distritales, un camino para facilitarles surtir a otros comerciantes dentro de esas plazas, capital semilla para desarrollar procesos logísticos y facilitar así la distribución de sus alimentos. También han propuesto la consolidación de mercados en diferentes barrios en la ciudad y crear redes de consumidores; es decir, facilitarles una demanda efectiva.
La crisis ha dejado ver que los campesinos son imprescindibles y, a pesar de eso, su situación de pobreza es alarmante. Llaman la atención sobre la vulnerabilidad del comercio agroalimentario internacional, sobre la ausencia de relaciones equitativas y precios justos para los productores y sobre la necesidad de garantizar la efectiva comercialización desde el campo colombiano.
Entender, como afirma Gustavo Gordillo en un documento de la FAO, que la soberanía, entre otros muchos temas, implica que los alimentos son mucho más que una mercancía (son el camino para el cumplimiento de derechos); además, dentro de este enfoque, la valoración y bienestar de los productores rurales es una prioridad. Las cifras en Bogotá muestran que esta es una visión que debemos aplicar. La pobreza multidimensional en la ciudad en promedio, según el DANE, es de 4,3 % mientras que en la ruralidad es de 19,2 %.
En Colombia, según investigación de Semana Sostenible, puede haber entre 5 y 6 intermediarios entre el productor y el consumidor. Se genera un sobrecosto que afecta gravemente la ganancia en el campo. Allí, se ven obligados a vender los alimentos hasta 5 veces por debajo de lo que finalmente paga el comprador final.
Iniciativas como los mercados campesinos móviles, mencionados antes, muestran que estos productores ofrecen un bien básico para los consumidores, pero la ayuda del Estado para desarrollar la logística y la comercialización es fundamental para acercarlos a su demanda y fortalecerlos como una alternativa más sustentable y como un sistema más resiliente a la crisis.
La soberanía implica otros cambios necesarios. Exige respeto por los saberes tradicionales, lo que implica unos métodos que den como resultado unos alimentos más sanos y saludables. Además, compatibilidad con la naturaleza, respeto por los ecosistemas, por la capacidad de recuperación de los recursos como la tierra y el rechazo de un uso intensivo destructivo de recursos naturales, para evitar la afectación de la salud humana, como nos enseña la crisis humanitaria actual.
La seguridad y la soberanía alimentaria exigen comprender y dar valor a nuestra ruralidad y su producción agrícola, fortalecer a las asociaciones campesinas para que en el campo haya condiciones dignas y tengamos la alimentación como un derecho, al tiempo que se generan las condiciones para una producción sustentable.
Se dice que la otra cara de las crisis son las oportunidades de reformas. Nuestra relación con la ruralidad y sus campesinos sí que amerita un cambio.
