Casa por cárcel a implicados en caso de corrupción del IDU

Un juez de control de garantías impuso la medida de casa por cárcel en contra de un funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), un contratista y dos interventores involucrados en el escándalo de corrupción en la contratación de obras de espacio público en Bogotá. Las presuntas irregularidades se presentaron en la adecuación de andenes y puentes en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero.

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La Fiscalía General de la Nación indicó que los cuatro sindicados se habrían concertado para realizar prórrogas y adiciones presupuestales al contrato de obra 933 de 2016, cuyo valor inicial fue de 12.875 millones de pesos y al contrato de interventoría 934 de 2016, el cual ascendió a 1.880 millones. La evidencia recopilada en la investigación demostraría que, en común acuerdo, fueron aumentados los tiempos de ejecución y las cantidades de obras "sin control ni vigilancia por parte de la interventoría o de los funcionarios del IDU". "Cada modificación en los términos, al parecer, representó dinero para los implicados y no garantizó la terminación de los trabajos", señaló la Fiscalía.

Estas actuaciones habrían generado sobrecostos por cerca de 5 mil millones de pesos y, según el ente investigador, una apropiación ilícita de 2.550 millones de pesos.

¿Quiénes son los involucrados?

Germán Corredor Aguilera es la persona que se desempeñó como asesor en calidad se la Subdirección de Infraestructura del IDU. La Fiscalía General le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado agravado y cohecho propio. Corredor Aguilera aceptó los cargos. Marcos Mafioly Cantillo era el director de la interventoría, Julio César Montaño, era el coordinador, y Tomás Pachón Sánchez era el contratista de la obra. Los tres fueron imputados por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado agravado, cohecho por dar u ofrecer.

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Pachón solo aceptó el delito de cohecho. Los demás no aceptaron ninguno de los cargos. El ente investigador mencionó que los procesados se comprometieron a reparar a las víctimas y a devolver los dineros que habrían sido apropiados ilegalmente.