Un juez de conocimiento de la ciudad de Bucaramanga (Santander) condenó a Germán Trujillo Manrique, excontratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a tres años de prisión por los actos de corrupción que dejaron afectados a casi 125.000 menores de edad en más de 80 municipios del departamento. Por estos hechos, el sentenciado deberá pagar una suma de 562 millones de pesos como multa.
La Fiscalía General de la Nación informó que en el proceso de investigación en contra del contratista, se encontraron y se demostraron varias irregularidades. Entre ellas, los sobrecostos en las etapas de planeación, contratación y ejecución del PAE, de acuerdo con el contrato Número 601, “celebrado entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda”.
Dicho contrato, tenía como objetivo el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios de Santander, por un valor total de $35.767’321.026. Sin embargo, el material probatorio recopilado por el ente investigador permitió establecer que el dinero fue desembolsado en su totalidad a las cuentas de Trujillo Manrique y que “las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento”, tal y como se había acordado.
De acuerdo a las pruebas que presentó la Fiscalía, el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos.
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Así pues, en mayo del 2018 el contratista se entregó a las manos de la justicia para responder por los actos irregulares y solamente devolvió una suma de $2.283 millones, razón por la cual un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel.
A pesar que la defensa apeló a la decisión del juez, Trujillo Manrique fue enviado a un centro carcelario para que cumpla la totalidad de su condena por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato de cumplimiento de los requisitos legales, cargos que le fueron imputados por la Fiscalía.
En febrero de este año, el ente acusador ocupó los bienes del excontratista condenado, los cuales fueron avaluados en más de 30 mil millones de pesos.
