Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas en 2011. Fue enviado a la prisión Skien, desde donde demandó al estado noruego por violación a sus derechos humanos. Ganó la demanda.
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El tribunal de Oslo, Noruega,determinó que “el régimen carcelario le dio un tratamiento inhumano a Breivik”, debido a que permaneció entre 22 y 23 horas diarias en aislamiento durante casi cinco años, hecho que viola el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
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En la convención se establece que los presos deben tener tratos que no sobrepasen el nivel de sufrimiento propio a la detención.
La juez Helen Andenaes Sekulic manifestó que: “La prohibición de un tratamiento inhumano y degradante representa un valor fundamental en una sociedad democrática. Esto se aplica sin distinciones, también para terroristas y asesinos".
Además la juez informó que el régimen carcelario para Anders Breivik era distinto al de otro reo en el país.
Breivik expresó frente a su situación, que el aislamiento al que se veía sometido era comparable con la “tortura”, y que también era obligado a usar excesivamente las esposas y a muchos registros corporales.
En el dictamen se expresa que su aislamiento es “un tratamiento inhumano”, y que el uso del vidrio de seguridad para sus visitas es una “medida de seguridad totalmente exagerada”. También en el fallo se señala que el homicida “se ha comportado de manera ejemplar durante su tiempo en prisión".
El estado fue condenado a pagar los gastos judiciales de Breivik, equivalentes a casi 36.000 euros, unos 100 millones de pesos.
Breivik, quien se declara neo-nazi, fue condenado a 21 años de prisión, en el 2012, por el asesinato de 69 personas con arma de fuego en un campamento estudiantil en la isla de Utoya, al sur de Noruega, y por hacer estallar un carro bomba cerca de la sede del gobierno en Oslo causando la muerte de ocho personas.
El asesino, de 37 años de edad, exigía que le quitaran las restricciones de sus visitas y de su correo con el fin de poderse comunicar con sus simpatizantes. Frente a lo cual la juez rechazó su petición por cuestiones de seguridad, alegando que las estas medidas no violan ninguno de sus derechos.
