La operación que lideró la Fiscalía General contra el fiscal Carlos Julián Bermeo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien aparentemente recibió sobornos para alterar procesos dentro de esta organismo, levantó un gran debate en el país.
Fuera de las actuaciones cometidas por Bermeo y por el excongresista Luis Alberto Gil, quien también resultó envuelto en el caso de corrupción, muchos ciudadanos se preguntan si la Fiscalía consiguió hacer este procedimiento judicial de forma legítima.
Una de las herramientas claves dentro de este operativo fue utilizar una suma considerable de dinero para provocar el hecho de corrupción. Fueron 500.000 dólares los que la Fiscalía sacó de un fondo especial para utilizarlos en este operativo encubierto.
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Dinero que se utilizó para garantizar un supuesto trabajo de influencias dentro de la JEP, según la Fiscalía relacionado con la dilatación de la extradición de Jesús Santrich.
En conversación con KienyKe.com el exfiscal Alfonso Gómez dio un contexto del caso y habló de la procedencia del ente acusatorio para demostrar que hubo un delito por parte del fiscal de la JEP.
Gómez ve una diferencia entre provocar un delito y conseguir la muestra de una infracción. "Para mí la Fiscalía buscaba la muestra de un delito que venía ejecutándose y que el ente por diferentes mecanismos precipita las pruebas", afirmó el abogado.
Frente al dinero que salió de la Fiscalía para armar este operativo, el exfuncionario aclaró que es un mecanismo utilizado en casos de acciones de inteligencia organizada internacional, como los que involucra hechos de narcotráfico. Asimismo, utilizar dineros de fondos especiales es muy común para atrapar en flagrancia a extorsionadores.
Por otro lado, para el exfiscal Guillermo Mendoza, quien también conversó con este medio, "la procedencia del dinero no importa. Lo que se trata de probar, es un cohecho, ese es un delito que se comete por el solo hecho de aceptar las dádivas, las prebendas".
En este caso no solo actuó la Fiscalía, al parecer la DEA con interceptaciones y seguimientos al fiscal Carlos Bermeo hacen parte del arsenal de pruebas en su contra. Y es que si la entidad no logra probar que había en curso un delito y no fue ella misma la que lo provocó, se presentaría una irregularidad, anunció Mendoza.
Gómez es claro en decir que la Fiscalía tiene un reto muy grande: "Es que tiene que demostrar los nexos entre este señor Bermeo y su comportamiento delictivo, y la relación una aparente sabotaje en la extradición de Santrich".
Para el abogado José Roberto Acosta, todo se trata de una incitación del delito. Expuso que no es investigación ni seguimiento de la prueba, sino por el contrario construcción irregular de la conducta ilegal.
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"El manejo que le está dando Néstor Humberto Martínez es deplorable, y esto es a toda su gestión en la Fiscalía. Lo único que le importa es armar cortinas de humo para evadir su responsabilidad jurídica y política en Odebrecht. Todo lo que está pasando con la JEP es producto del contubernio del Centro Democrático con la Fiscalía. Hoy día estamos viendo el matrimoniuo del partido de Gobierno y un fiscal que se refugia allí", denunció Acosta.
Y es que el operativo en el que cayó el fiscal Bermeo, tuvo la aprobación directa de Martínez. Operativo que para que tenga validez debe haber un delito previo como lo explicó el exfiscal Mendoza:
"La figura del agente encubierto existe, queda claro que un agente encubierto bajo cualquier modalidad no puede hacer nacer en una persona la idea de un delito. La Constitución es clara y tiene que trabajar sobre la base de un delito previo, ahí sí puede darse la infiltración para demostrar el delito. Lo que le está vedado a ese agente encubierto es el de provocar en una persona la idea de un ilícito".
En los últimos días, la Procuraduría expuso que no hay suficientes pruebas para vincular el caso del exfiscal Bermeo y los demás cómplices, con acciones dilatorias en la extradicción de Jesús Santrich.
"Entiendo que la Procuraduría asumió esa posición probablemente porque ellos ya tienen acceso al expediente. La Fiscalía lo que debe hacer es demostrar ese nexo y si no existe, lo que sí existiría es el delito de estafa agravada. Esto por que Bermeo utilizó indebidamente su cargo para ofrecer supuestas influencias dentro de los casos que maneja la Jurisdicción Especial de Paz", puntualizó el exfiscal Alfonso Gómez.
La audiencia sigue su curso la próxima semana y la defensa de Bermeo tratará de demostrar que la Fiscalía emprendió un operativo ilegal con un agente encubierto. Los abogados aseguraron que el proceso se ha magnificado para hacer daño a la JEP, y que la investigación constituye un proceso político para acabar con este tribunal.
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