La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra María Cristina Palau Salazar, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por presuntas faltas disciplinarias relacionadas con un enriquecimiento patrimonial injustificado y con un interés indebido en la celebración de negocios jurídicos con el estado.
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Los actos de corrupción y las irregularidades contractuales son relacionadas con el proyecto de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) para los municipios de Cómbita y Pereira.
El ente encargado de control investiga una denuncia hecha por el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, donde según la cual se dice que la funcionaria habría recibido $600.000.000 como un anticipo que le fue ofrecido por un interesado en la adjudicación de los proyectos que se iban a gestar.
Por su parte, el Ministerio Público busca determinar si la funcionaria del USPEC cayó en las faltas disciplinarias ya mencionadas, además se analiza sí realiza un quebrantamiento de la normatividad contractual.
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Así mismo, el ente busca esclarecer los motivos claves de la posible falta, analizando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se habría cometido el supuesto perjuicio a la administración pública.
La investigación se da por la llegada de varios correos electrónicos donde denunciaban irregularidades en la contratación por parte de la USPEC, que fueron enviados al Ministerio de Justicia y del Derecho y que ya precipitaban la caída de la exdirectora, después de estar al cargo durante 15 meses.
El correo, presuntamente del contratista decía que le habían exigido el monto de unos $3.000.000.000 para que se le adjudicaran las obras que estaban en licitación.
El denunciante afirmó que le entregó el anticipo el pasado enero, esperando que se le fuera adjudicada la obra, pero no fue así, y según el contratista, Palau culpó a Fonade, la entidad encargada de decidir la construcción de infraestructura del país.
Palau se negó a devolver el dinero, según el contratista y por eso surgió la demanda, que ya está en manos de la Procuraduría.
