A 33 meses sería condenado el exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, luego de haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó que cometió los delitos de abuso de función pública y de autoridad, al tener reuniones sin permiso en su despacho con miembros de 'La Oficina'. Sin embargo, el ente acusador, desde su sede central, intentará darle marcha atrás a lo pactado.
Así lo informó Claudia Carrasquilla, directora de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, quien señaló que lo firmado con el exsecretario de Seguridad "no fue autorizado". Además, añadió que la dirección bajo su mando no está conforme con "ese preacuerdo y es inaudito que se haya realizado sin que haya ninguna colaboración con la justicia por parte de estas personas que han suscrito el acta".
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Además, informó que desde la capital del país, en cabeza del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía solicitó que se revisen los términos del pacto firmado y se está estudiando usar alguna figura jurídica que deje sin efectos lo estipulado en dicho preacuerdo.
"El preacuerdo se debe revisar porque se considera que no está ajustado a la Ley, ni para prestigiar la justicia, y por esta razón se van a estudiar estos términos y buscar la manera jurídica para reversar esa situación".Claudia CarrasquillaUno de los problemas que ve Carrasquilla en lo acordado por la Fiscalía y el exsecretario de Seguridad de Medellín, que además cobija al excontratista de la Alcaldía de Medellín, Mariano Humberto Zea Ospina, es que no se tiene como base una colaboración con la justicia por parte de los implicados, por lo que solo sería un beneficio personal, y no nacional. El problema judicial que enfrenta Villegas comenzó cuando el pasado 19 de junio, el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión por presuntos nexos con la organización criminal 'La Oficina'. Tres meses después, la Fiscalía lo acusó de cometer los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad por omisión de denuncia, pero el pasado 12 de febrero se conoció que no sería responsable por el primer delito, sino solo por el segundo.
