El hallazgo del cuerpo sin vida de Wilmary Carolina Guerra Montilla, una joven de 32 años oriunda de Malambo, ha estremecido a la opinión pública y encendido nuevamente las alarmas sobre la violencia de género en el país.
Tras más de un año desaparecida, su cadáver fue encontrado enterrado en una finca rural ubicada entre los municipios de Manatí y Sabanalarga, en el Atlántico. La mujer había sido vista por última vez el 18 de septiembre de 2023.
Desde entonces, la búsqueda fue liderada casi en solitario por su padre, Wilmer Guerra, quien no se detuvo ante la inacción de las instituciones. “Las autoridades me dejaron solo”, denunció en múltiples medios regionales. Asegura que recorrió cuarteles de Policía, el CTI, la Sijín y el Gaula, sin obtener respuestas ni avances reales.
Señalamientos directos
Desde el inicio, Guerra apuntó a un sospechoso claro: Franklin Trillos, expareja sentimental de Wilmary, quien presuntamente la invitó a una finca días antes de su desaparición. Según relató el padre, su hija inicialmente se negó, pero finalmente accedió a encontrarse con Trillos. “Quién sabe con qué cosa la convenció”, lamentó.
Pese a contar con audios y grabaciones donde Trillos habría amenazado a Wilmary, la Fiscalía no actuó en consecuencia durante los primeros meses. “Tenía pruebas, pero no movieron un dedo”, dijo su padre.
La investigación tomó un nuevo rumbo gracias a la intervención del fiscal Diego Araújo y el investigador Alfredo Urina. “El fiscal Araújo revisó la carpeta y dijo: aquí no hay nada, vamos a empezar de cero”, relató Wilmer Guerra. En tan solo cuatro meses, estos funcionarios hicieron lo que en once no había logrado el aparato judicial: recolectar y analizar más de 90.000 datos para rastrear los movimientos y llamadas de interés.
El trabajo meticuloso incluyó una revisión de la actividad telefónica de Wilmary, que reveló que su celular no salió del perímetro de Malambo, incluso el 19 de septiembre, cuando se grabó un video tras su desaparición.
Gracias a este esfuerzo, las autoridades llegaron a una finca en Manatí, donde finalmente fue hallado su cuerpo. La identificación forense confirmó que se trataba de Wilmary, enterrada clandestinamente en una zona rural.
Feminicidio y negligencia institucional
El caso ha vuelto a poner en evidencia la grave situación de feminicidios en Colombia y la falta de respuesta efectiva por parte del sistema judicial. La demora en las investigaciones, la desatención a las pruebas iniciales y el silencio institucional contribuyeron a prolongar el dolor de la familia y entorpecer la justicia.
Wilmary es una más entre las cientos de mujeres víctimas de violencia machista en el país. Según datos de Medicina Legal, más de 500 mujeres son asesinadas cada año en Colombia, y un alto porcentaje de esos casos se clasifican como feminicidios. Aún más preocupante es que la impunidad alcanza cifras alarmantes.
Hoy, el caso permanece en manos del fiscal Araújo, quien continúa avanzando en las diligencias judiciales. La familia Guerra exige que se emitan órdenes de captura y que se procese al presunto responsable. “Desde el principio lo señalé y nunca se defendió públicamente. Quien no la debe, no la teme”, enfatizó el padre.
Mientras tanto, Colombia sigue enfrentando una profunda deuda con las mujeres víctimas de violencia, en medio de un sistema que con demasiada frecuencia actúa tarde, o simplemente no actúa.
