El trabajo sexual en Colombia ha sido tema de conversación en las últimas semanas luego de que el pasado 17 de octubre se radicara en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca regular esta labor para que finalmente se considere esta actividad económica igual de digna que cualquier otra.
Esto tiene una lista de implicaciones significativas que podrían darle un giro de 180 grados a las vidas de las y los miles de ciudadanos que se dedican al trabajo sexual en el país para que les sean garantizados todos los derechos laborales correspondientes.
Sin embargo, la propuesta busca no solo garantizar que sea una actividad remunerada sino que cuente con todos los parafiscales y demás beneficios laborales. Por otra parte, su regulación también permitiría que se pueda proteger el consentimiento de las partes involucradas, que por supuesto, deberán ser mayores de edad.
Aunque esta discusión sea un tema muy complejo que llegue a tocar susceptibilidades, es una discusión completamente necesaria, ya que actualmente la falta de regularización pone en peligro y expone al desamparo a quienes ejercen este trabajo.
En caso de que este proyecto logré ser aprobado, cada vez que una persona decida de forma libre ejercer esta actividad con fines económicos deberá firmar un contrato en el que se especifique el tipo de servicio contratado y las reglas o cláusulas bajo las cuales se desarrollará esta labor.
¿Quiénes están detrás de este proyecto?
Fue gracias a la confrontación de varios integrantes del sindicato de trabajo sexual en Colombia, Astrasex, que este proyecto llegó al Congreso, lo que supone un gran avance en pro de los derechos humanos y laborales de quienes se dedican al trabajo sexual.
“Estamos putas”, es el lema con el que se han manifestado en múltiples ocasiones ante las autoridades y organismos para exigir ser cobijadas por la ley, que de hecho, está obligada a garantizar los derechos de todos y todas.
Cabe destacar que este proyecto de ley está siendo impulsado por una bancada del partido Comunes, movimiento político al que pertenecen exmiembros de las FARC y firmantes de la paz, algo que ha sido fuertemente criticado por muchas personas que han expuesto que varios informes de la Juridiscción Especial para la Paz, JEP han dejado en evidencia que en el pasado sus acciones fueron en contra de lo que promueve este proyecto.
Así sucedió con María Luz López, quien tras ser secuestrada por las FARC terminó en el mundo del trabajo sexual y hoy considera que este proyecto es revictimizante.
Puntos claves de este proyecto
Tácitamente el proyecto de ley plantea al trabajo sexual como “cualquier actividad sexual remunerada que se realiza entre dos o más personas mayores de 18 años, de forma voluntaria, libre y sin coerción y en plena facultad de sus capacidades”.
Asimismo, se contemplan varias modalidades de trabajo que incluyen: al trabajo sexual en espacios públicos, modelaje webcam, creación de contenido, pornografía, intercambio de servicios sexuales dentro de un establecimiento comercial, scort o persona de compañía y el baile erótico, dejando Esto por fuera delitos como la explotación sexual, la inducción a la prostitución, el mal llamado turismo sexual, la pornografía con menores y la trata de personas; que son las principales preocupaciones de quienes se han mostrado renuentes al proyecto.
Entonces, ¿a qué tendrían derecho los trabajadores y las trabajadoras sexuales en Colombia con este proyecto?
Como otros oficios y labores tendrían alguno de los tipos de contrato en el que se pactaría una remuneración justa, seguridad social, la posibilidad de formar asociaciones o sindicatos, un ambiente seguro y saludable, así como derechos a vacaciones, licencias de maternidad, paternidad, luto; día de la familia, vinculación a cajas de compensación familiar y derecho a un salario que no podrá ser menor al mínimo legal vigente como menciona la ley.
Sin duda, este tema que divide y crea muchas posiciones dentro del movimiento feminista es una realidad que debe ser abordada y confrontada con la creación de políticas públicas eficientes que permitan defender y promover los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual.
