El nuevo coronavirus ha contagiado a 1.754.457 personas de 185 países en todo el mundo. Además, la cifra de muertos a nivel mundial supera los 107.520 casos, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).
Al parecer, según lo ha demostrado esta enfermedad, ningún grupo poblacional se escapa de sus efectos. Y para evitar un mayor número de contagios, los Gobiernos mundiales han decretado cuarentenas y cese del 90% de actividades.
Pero hay comunidades que podrían ser más vulnerables al coronavirus, como los grupos indígenas en Latinoamérica, afectados históricamente por diferentes problemáticas como desplazamiento forzado, exclusión, pobreza y pobreza extrema, falta de acceso a servicios básicos, entre otros.
En Colombia esta situación ha quedado evidenciada con lo que han enfrentado más de 300 indígenas Emberá (de los pueblos katío y chamí) en Bogotá, que han tenido que pasar hambre y dormir en las calles tras haber sido desalojados de sus lugares de residencia porque no tenían con qué pagar el arriendo.
Pero en otros rincones del país la situación no es menos grave. En el departamento del Meta, en el centro oriente del país, unas 15 familias, cerca de 90 personas de la comunidad indígena Jiw, tuvieron que desplazarse del resguardo Naexal Jalt, ubicado en una vereda de zona rural del municipio de Mapiripán, por miedo a ser contagiados.
Según contaron líderes de la comunidad, muchas personas ingresaban al resguardo a pesar de las advertencias, por lo que tomaron la decisión de irse de allí hacia un punto en las montañas para protegerse de la enfermedad.
De acuerdo a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), un total acumulado de 189.360 familias indígenas están en riesgo por cercanía a centros poblados, familias que además de “adoptar y/o fortalecer las medidas de micro contención, deben iniciar el ejercicio autónomo de vigilancia y búsqueda activa de posibles casos”.
El último reporte boletín del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) de la ONIC, identifica 17 departamentos y 110 áreas municipales con población indígena en área rural y urbana que coinciden con lo cerca de 130 municipios a los que ha llegado la enfermedad. Por ello, han solicitado a sus comunidades adoptar “todas las medidas de gobierno propio dirigidas a reducir el las interacciones sociales con y en los mencionados municipios o con aquellos donde existen casos confirmados del virus”.
Entre las medidas, se incluyen el control territorial, cooperación entre pueblos y trueque, entre otras, “sin esperar que en el corto plazo el gobierno nacional sea capaz de atender la crisis humanitaria que se ha provocado producto del aislamiento obligatorio”.
Hasta el momento, hay cuatro casos confirmados y un caso en observación en dos comunidades indígenas en Colombia.
En las comunidades indígenas de Brasil ha aumentado la preocupación por el COVID-19 debido a la muerte el pasado jueves (9 de abril) de un joven de 15 años de la etnia amazónica yanomami a causa del virus.
El adolescente, que fue el primer miembro de esta etnia diagnosticado con el coronavirus, llevaba una semana internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima. No obstante, este sería el tercer fallecimiento.
También encendió las alarmas el caso de un médico que trabajaba con pueblos indígenas que viven en la aldea Vila Betânia, cerca de la frontera con Colombia, que había contraído la enfermedad. Según un reporte del diario El País, antes de ser diagnosticado, el profesional en salud había visitado al menos una docena de pacientes de la comunidad ticuna, en la que viven cerca de 5.000 indígenas.
Situaciones como éstas se extienden a lo largo del continente, donde muchos indígenas de diferentes etnias deben enfrentar la enfermedad sin acceso a agua, alimentos o resguardo.
Los pueblos indígenas históricamente se han visto fuertemente diezmada por enfermedades foráneas para las cuales no tenían anticuerpos. Además, en la actualidad enfrentan los padecimientos con sus rituales o sistemas y estrategias de salud propias, mucho más débiles que los oficiales o convencionales.
Ante la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo por la actual pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una resolución que busca “el pleno respeto de los derechos humanos” en las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus en la región.
Dicha resolución incluye un capítulo especial dedicado a los pueblos indígenas, que incluye, entre otras recomendaciones, “respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo”.
El organismo interamericano también ha solicitado “extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales”.
Y un tercer punto también plantea proporcionar información sobre la pandemia “en su idioma tradicional, estableciendo cuando sea posible facilitadores interculturales que les permita comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 11 de marzo al COVID-19 como una pandemia, debido a la rapidez con la que aumenta su propagación en el mundo.
En Latinoamérica, los países más afectados son Brasil, con 1.090 fallecidos y 20.247 contagiados; Ecuador, con 315 víctimas mortales y 7.257 contagiados; México, con 233 muertos y 3.844 casos confirmados; Perú, con 181 fallecidos y 6.848 infectados; y Chile, con 73 muertos pero con 6.927 contagios.
