Acogiendo una demanda de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín le ordenó a la Superintendencia de Sociedades que aumente a cuatro meses el plazo para que los habitantes, de 10 centros residenciales construidos por la firma CDO, “se organicen y presenten sus demandas, ya sea para exigir la reconstrucción de sus edificios o la devolución del precio que pagaron, y exigir a su vez el pago de sus perjuicios”.
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Además, que “se proceda a la vinculación en el trámite de liquidación de CDO, de todas y cada una de las empresas, sean nacionales o internacionales que hagan parte del grupo empresarial CDO con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de las unidades residenciales Colores de Calasanía, Cerezos de Calasanía, Punta Luna y Punta Luna 3, Asensi, Continental Towers, San Miguel del Rosario, Altos de San Juan 1, Acuarela del Norte (Copacabana) y Parque Residencial Alcalá (Bello)”, en donde se han presentado problemas en sus estructuras.
La tutela se instauró debido a que la Superintendencia de Sociedades informó el 22 de diciembre pasado un listado de los acreedores que serían tenidos en cuenta en el proceso de insolvencia y reorganización de CDO y les imponía un plazo de tan solo 5 días hábiles, que vencía el 2 de enero de 2015, para que dieran a conocer sus objeciones o iban a ser excluidos de quienes podrían ser indemnizados.
La Defensora Regional Antioquia, Gloria Elena Blandón, instauró la tutela argumentando que se podría violar el derecho a la defensa de los compradores de apartamentos, quienes no tendrían el tiempo suficiente para conseguir un abogado experto que los represente en el proceso de insolvencia de CDO.
Al respecto, el juez estuvo de acuerdo en que los habitantes de las unidades residenciales antes enumeradas, “que no puedan notificarse por algún motivo, o no tengan apoderado judicial, no podrían superar completamente la situación creada por la notificación en tiempo de vacaciones que pretende hacer la Superintendencia de Sociedades”.
El juzgado también acogió la solicitud de la Defensoría para que en el proceso no solo se tuvieran en cuenta cinco empresas del grupo CDO, sino que se incluyeran a las empresas Industrias Concretodo, Teruel S.A. o Teruel Cdo SAS, Inversiones Los 7 SAS, Mycra SAS o Mycra CDO SAS y Perijá Inmobiliaria SAS o CDO Inmobiliaria, para las posibles indemnizaciones.
La Defensoría debe indicarles a los propietarios sobre el plazo de los cuatro meses para que se organicen y presenten sus demandas, y le hará seguimiento al proceso.
