Entre enero y marzo del presente año se han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento en el municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó.
La alerta la lanzó en las últimas horas la Defensoría del Pueblo, al precisar que ha enviado varios informes y al menos 27 oficios en los que se advierte en que esa población se mantiene el riesgo tanto de desplazamiento como de otras afectaciones.
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En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que las autoridades atiendan la situación humanitaria de las comunidades indígenas y afrocolombianas que exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc que garantizan condiciones como la no repetición de los hechos victimizantes, el desminado de las cuencas, la entrega de los territorios libres de actores armados y minas antipersonal, la implementación de proyectos productivos para los procesos de retorno y el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de reparación colectiva.
Confrontación y disputa amenaza a los pobladores del Chocó
“Los integrantes de los pueblos Embera Dovidá, Katío, Chamí, y Wounáan y las comunidades negras de las cuencas de los rios Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó, ubicados en la subregión del Bajo Atrato (Riosucio y Carmen del Darién) han sido víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos desde el año 2015 con la incursión de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN, y la configuración de un escenario de confrontación y disputa territorial que ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersona”, explicó la entidad. [single-related post_id="685860"]Asimismo, la Defensoría advirtió que en ciertos territorios del Chocó donde se adelantan procesos de restitución de tierras se siguen presentando amenazas, ataques y destrucción de cultivos.Por lo que “reitera la necesidad de concertar y adelantar acciones urgentes para la protección de la vida, libertad e integridad de las comunidades y líderes, la atención humanitaria integral con enfoque diferencial a la población desplazada y confinada a través de la oportuna entrega de alimentos, garantías de seguridad para la permanencia en el territorio, la urgencia del desminado humanitario, la sostenibilidad de los retornos, así mismo insta al gobierno Nacional a atender las peticiones de las comunidades y respetar sus derechos fundamentales a la autonomía y autodeterminación”.
