El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentran retomando hoy en La Habana el último ciclo de diálogos bajo la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, podrían haber dificultades sobre un posible cese al fuego y sin garantías para cumplir compromisos, según denunció el grupo insurgente.
De acuerdo al comunicado enviado por el ELN, la delegación del gobierno no estaría garantizando la "reciprocidad de las dos partes en el cumplimiento de los acuerdos", y tampoco "la ejecución de las transformaciones propuestas en el proceso y que fueron acordadas en la Mesa".
Por tal motivo, la guerrilla asegura que persisten diferencias muy notables que impiden la firma de un nuevo acuerdo respecto al tema de cese al fuego bilateral. Entre ellas también se encuentra el hecho de que, según ellos, el Gobierno no acepte el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el referente común para pactar acciones y acuerdos humanitarios.
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Para el ELN, con el cese al fuego se debe "avanzar en la solución de la persecución, asesinatos y judicialización a los líderes y lideresas de los movimientos sociales".
También consideran que "el Gobierno se abroga la facultad de calificar hechos y actuar contra el ELN, sin previo informe y calificación del Mecanismo de Veeduría y Verificación". Aseguraron que "sigue firme en el propósito de lograr la solución política al conflicto, erradicar la violencia de la política y realizar los cambios básicos urgentes".
Por otro lado, una pregunta muy frecuenta respecto a los diálogos de paz es si se va a seguir o no con el nuevo presidente electo, Iván Duque. Él pide la concentración con verificación internacional de la guerrilla y que el cese actividades criminales para hacer factible las conversaciones de paz.
Afirma que se encuentra a favor de la reinserción social para los miembros de la guerrilla del ELN, pero también considera que los líderes deben ser penalizados judicialmente y sin posibilidad de ingresar a la vida política a menos de que paguen un mínimo de cárcel.
