El video de denuncia de una mujer que, al borde de las lágrimas, reclama por el daño ambiental que sufrió un charco en Zaragoza, Antioquia, a causa de la minería ilegal se hizo viral en redes sociales. Gracias a esto, la autoridad ambiental departamental - Corantioquia-, visitó el sitio para iniciar una investigación.
En las imágenes, que ya cuentan con más de 56.000 compartidos y dos millones de reproducciones, hechas públicas por el usuario Fredy Salazar Monsalve, la señora, identificada como Gladys de López, clama: "Qué pesar, qué dolor tan grande, mire como quedó la cascada, ¿quién sería el irresponsable? Mire cómo me volvieron esto, sin permiso, no se ve sino lodo".
https://www.facebook.com/F.SalazarZaragoza/videos/pcb.10155938908853875/10155938906403875/?type=3&theater
Ante esta situación, conocida el 21 de diciembre, un equipo técnico liderado por el jefe de la oficina territorial Panzenú, se desplazó al sector conocido como finca Los Pomos en la vereda Quebradona, del municipio del Bajo Cauca antioqueño.
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Al llegar al lugar, Corantioquia informó que "no se encontró a ninguna persona realizando actividades extractivas, no obstante se observaron impactos negativos a la fuente hídrica por sedimentación ocasionada presuntamente por explotación ilícita de yacimientos de oro".
Las sanciones económicas por este tipo de acciones van desde 737.717 pesos hasta 3.688 millones de pesos.La entidad aseguró que "en la visita se tomaron muestras de agua para realizar los análisis de laboratorio pertinentes y se abrió una indagación preliminar para buscar a los presuntos infractores". [caption id="attachment_802792" align="aligncenter" width="1024"] Foto: Corantioquia[/caption] También señaló que la Policía, por medio de la Seccional de Investigación Judicial - SIJÍN-, hizo una inspección el 22 de diciembre y está a la espera de su informe. [single-related post_id="802154"] Corantioquia, que es autoridad ambiental en 80 municipios del departamento de Antioquia, reiteró su llamado a la comunidad para que denuncie de manera oportuna este tipo de situaciones, con el propósito de evitar afectaciones mayores al patrimonio ambiental, y recordó que actuaciones como las evidenciadas en Zaragoza son un delito que puede generar sanciones que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes según la Ley 1333 de 2009, sin contar con las consecuencias de tipo penal que también pueden acarrear.