Ante la confirmación del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de que las líneas telefónicas de los magistrados de la Corte Constitucional estaban siendo interceptadas por organizaciones criminales, la presidenta de esa corporación, Gloria Stella Ortiz, aseguró que quienes estaban detrás de eso estarían interesados en las diligencias realizadas al rededor de una acción de tutela que se tramita en el organismo.
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Ortiz dijo que había hablado con el Fiscal y que este le dijo que detras de estas escuchas ilegales habían personas que quieren conocer datos personales de los togados para incidir en sus decisiones. Extraoficialmente, Martínez le habría dicho a la presidenta que una de las hipótesis que manejan es que el caso tenga relación Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado por corrupción.
No obstante, revisaron si en la Corte estaban tramitando alguna tutela relacionada con él y no encontraron ninguna a su nombre. Aún así, continuaron las indagaciones para saber si otro miembro del llamado 'Cartel de la Toga', caso en el que Moreno estuvo involucrado, sí podría tener intereses y encontraron que en otro momento haían pasado por sus despachos tres tutelas a nombre de Leonidas Bustos que no fueron seleccionadas, por lo que no se encuentran en proceso.
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Ortiz dijo que los magistrados se sentían "incómodos" y "preocupados" al saber que hay terceros intentando acceder a sus datos personales para posiblemente procesarlos. La Fiscalía delegó a Fabio Espitia como encargado para llevar el caso; con él se reunirán para saber cuál será el procedimiento a seguir.
"Este tema de las filtraciones nos preocupa porque hemos tomado muchas medidas, hemos tratado de ser cautelosos para que se sigan presentando y aún así se siguen presentando", dijo la funcionaria antes de mencionar que confían en organismos de seguridad como la Policía, la Unidad de Protección.
De momento, decidieron ser cautos con la información de sala plena y tomar las decisiones difíciles "cuanto antes". Mientras que la petición para la opinión pública fue no especular con el asunto sin que hayan indicios suficientes para hacer algún señalamiento.
