El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, informó la decisión del Ministerio Público de destituir e inhabilitar por 12 años para ejercer cargos públicos al Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, por no haber cumplido de manera suficiente con el control y vigilancia sobre las operaciones de la empresa Fabricato, que terminaron por sus irregularidades en millonarias pérdidas y casos de corrupción durante el episodio de Interbolsa.
Según se informó, se habrían conocido de planes de ocultamiento para favorecer a la comisionista bursátil y la información de estas irregularidades se habrían notificado desde finales de 2011. Las acciones no se tomaron de forma pertinente y desataron el escándalo. El Estado es culpado de haber actuado de forma pasiva frente a la protección de los inversionistas.
