Actualmente Colombia se ve
envuelta en un centenar de opiniones al rededor de mujer que decide optar por el aborto bajo tres causales como lo define la ley.
La Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres.
El alto tribunal lo definió como una acción que debe sera garantizada por el Sistema de Seguridad Social en Salud, bajo tres causales descritas en la
sentencia C-355 de 2006:
- Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.
- Malformación grave del feto que haga inviable su vida extrauterina o por su discapacidad tenga una vida muy indigna.
- Violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.
Para el Centro de Derechos Reproductivos, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, es ilógico que después de
14 años de la legalización del aborto bajo tres causales, las mujeres continúen enfrentado múltiples obstáculos para acceder a este servicio de salud y, además, son estigmatizadas y perseguidas.
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"Una de las principales barreras para el género femenino cuando a realizar esta interrupción es que en los centros de asistenciales se
piden muchos más requisitos de los que exige la Corte, cuando únicamente se debería pedir un certificado médico en caso de malformaciones o peligro a la salud", afirmó a
Kienyke.com, Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.
Para las organizaciones al pedir más certificados de los requeridos se está cometiendo una dilación injustificada de los servicios,
situación que retrasa el proceso y hace que las mujeres lleguen a edades gestacionales avanzadas sin que se les resuelva su petición.
El caso de Juan Sebastián, el bebé de siete meses que fue abortado por decisión de la madre, es para los defensores de los derechos de la
mujer una de las máximas expresiones de lo que deben hacer las instituciones de Salud tanto públicas como privadas a la hora de presentarse un caso de aborto bajo las 3 causalidades.
https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1227269546509246464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1227269546509246464&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kienyke.com%2F
Lo que hizo Profamilia frente a este caso fue atender a la madre
con su respectiva asesoría para que tuviera opciones. La decisión final de la paciente fue interrumpir su embarazo bajo una causal de salvaguardar su salud.
Por esta razón, la entidad prestadora de servicios recalcó que "ninguna mujer que ejerza sus Derechos Sexuales y Reproductivos,
debe enfrentar barreras ni ser víctima de persecución y discriminación. La vivencia de la sexualidad y reproducción es íntima e individual".
La asesora legal del Centro concuerda en que muchas veces la mujer pasa a ser víctima de la sociedad por detener su embarazo, "los problemas psicológicos que se dan tras practicar un aborto en una mujer, por lo general son por realizar la acción, porque las mujeres ya tienen la decisión tomada con anterioridad. Sino que
el trauma se presenta por lo general entorno a la reacción que tienen el círculos sociales como la familia o servidores de salud", afirmó.
Los defensores aseguran que otro obstáculo es la criminalización de las mujeres que abortan, pues, de acuerdo con un informe de la Fiscalía, entre 1998 y 2019 llegaron
5833 denuncias por delito de aborto y, aunque el 75% de las investigaciones están cerradas porque no había mérito penal para continuar el proceso, son las mujeres más vulnerables las principales víctimas.
Por ello, las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres insisten en la
eliminación de barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, tal como lo ha solicitado en diferentes oportunidades la Corte Constitucional.
