Para la Fiscalía General de la Nación un grupo de personas, involucradas en las supuestas irregularidades en la contratación de la maquina 'tapahuecos' de Bogotá, serían presuntamente las responsables de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión de llamar a diligencia a Juan Pablo Posada, actor conocido como el 'Chuli'; María Gilma Gómez Sánchez, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá, y el gerente de la firma Green Patcher Colombia SAS, Antonio Fernández, se habría dado para imputarles cargos y vincularlos formalmente a la investigación. Determinación que fue tomada por la Fiscalía luego de escucharlos en un interrogatorio.
El polémico valor del contrato de la maquina 'tapahuecos' es de 11.822 millones de pesos. Este acuerdo, adjudicado a una compañía de poca experiencia en el sector, fue un contrato netamente de transferencia tecnológica. Sin embargo, lo correcto en este caso, según la Fiscalía, era abrir una licitación pública.
