Después de la reunión convocada por el Alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- inició acciones para garantizar la protección de los derechos de los consumidores afectados por la compra de inmuebles en 16 edificios ubicados en la 'ciudad amurallada', objeto incluso de una orden de evacuación.
Los compromisos adquiridos por la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellos fueron determinar el monto del subsidio de arrendamiento que deberán pagar los constructores de los 16 edificios ubicados en Cartagena y que a la fecha han sido cubiertos por la orden de evacuación.
También determinará el monto del subsidio de arrendamiento temporal bajo la declaratoria de calamidad pública y/o de desastre, que el Distrito de Cartagena podrá entregar a los consumidores afectados, en el evento de que los constructores llegasen a incumplir la orden administrativa de pagar los subsidios.
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De igual forma, la entidad estatal, seguirá adelantando la actuación administrativa que actualmente tiene en curso, con el fin de determinar las responsabilidades a que hubiese lugar por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) en la que habrían incurrido las personas naturales y jurídicas vinculadas con la construcción de las 16 edificios ubicados en Cartagena y que a la fecha han sido cubiertos por la orden de evacuación.
En estos procedimientos administrativos, pueden imponerse sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, de una suma equivalente a 1.500 millones de pesos, aproximadamente, a cada una de las empresas responsables.
Las autoridades hacen un llamado público a todas aquellas personas que adquirieron inmuebles en algunos de los 16 edificios de Cartagena y que a la fecha han sido cubiertos por la orden de evacuación, para que se acerquen a la Superintendencia a recibir asesoría o radicar las respectivas demandas judiciales con el fin de hacer valer sus derechos como consumidores, y la garantía de calidad e idoneidad a la que está obligado todo constructor de vivienda.
Se espera que en las próximas semanas hayan respuestas y la situación se normalice para los propietarios y habitantes de los edificios en Cartagena.
