La Fiscalía General de la Nación imputó a Aleyda Saavedra Londoño, quien como juez Primera Penal Municipal de Sevilla (Valle del Cauca), habría asumido sin aparente competencia un hábeas corpus y reconoció el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que contempla la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para tres exmilitares investigados por ejecuciones extrajudiciales.
La funcionaria judicial habría favorecido al teniente Antonio Rozo Valbuena, al subintendente Elkin Leonardo Burgos Suárez, y al soldado profesional Dalbelto Rincón el pasado 25 de julio del 2017, quienes estaban recluidos en un centro carcelario por varios casos en los que habrían presentado civiles como integrantes de grupos ilegales muertos en combate.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se determinó que la encargada de impartir justicia se habría dedicado a favorecer implicados en casos de falsos positivos. Durante las observaciones se comprobó que al despacho de la juez llegó la solicitud de libertad de los implicados a los que dio el beneficio con el argumento de estar bajo la jurisdicción especial para la paz.
La Fiscalía formuló cargos a la entonces juez por los delitos de abuso de función pública y prevaricato por acción agravado. La funcionaria judicial, con sede en Sevilla (Valle del Cauca), no tendría la competencia territorial para decidir las peticiones de los militares procesados y privados de la libertad en el Centro Militar Penitenciario de Bello (Antioquia) y además, desconoció que los recursos legales ya habían sido tramitados y negados por juzgados de Medellín.
Frente a los señalamientos de la Fiscalía, Aleyda Saavedra Londoño aceptó cargos.
Actualmente, la juez está detenida en la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca), por un caso similar en el que dejó en libertad a Francisco Pineda Paredes, un señalado narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos y excluido de la lista de desmovilizados de las Farc.
