La Fiscalía de Ecuador informó el pasado 9 de noviembre que dispuso la apertura de una nueva indagación contra el expresidente de la república Rafael Correa por peculado dentro del caso Balda. Este delito se encuentra vinculado con una malversación en el uso de fondos públicos que según el código penal de Ecuador, no prescribe.
Todo inició el 7 de noviembre después de que que la jueza Daniella Camacho llamara a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón por el presunto secuestro del opositor Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012 en Colombia.
Desde entonces, la fiscal general, Ruth Palacios, afirmó que según la información que tenían adelantadas los investigadores indicaron que podría haber la presunción de peculado por parte del exmandatario pero que aún faltaba analizar bastantes datos.
La jueza advirtió que analizaría información para determinar si podría haber presunción de peculado ya que, según Camacho, habría pruebas de que se usaron dineros públicos para rentar el carro en el que se secuestro a Balda. Sin embargo, se le puso una medida cautelar a Correa y al exSenain, como la prohibición de vender bienes, inmovilizar todas las cuentas bancarias y una prisión preventiva
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Por otra parte, durante la audiencia la Fiscalía presentó una serie de pruebas que afirmaba el uso de fondos públicos para gastos personales. Uno de ellos fue el alquiler de un auto, utilizado para secuestrar a Fernando Balda en Bogotá. Según los documentos, se detalló un gasto por parte del exagente Raúl Chicaiza de un poco más de 43 mil dólares en la capital colombiana.
Según el artículo 278 del código penal, el uso indebido de bienes, dinero público o privado que sea utilizado para beneficio propio o de terceros tendrá una sanción en prisión de 10 a 13 años. Además, el artículo establece que si el mandatario es culpable podría quedar inhabilitado de por vida para ejercer un cargo público en el país.
