A pocos meses de entregar el puesto la contralora Sandra Morelli, la Auditoría General anunció que formularán cargos contra Morelli por detrimento patrimonial por más de $76.000 millones.
El caso tiene que ver con el polémico traslado de la sede del ente de control fiscal desde el centro de Bogotá hacia una modernas oficinas en el sector de El Salitre.
Según la auditoría Laura Marulanda dice que “no existen elementos de juicio que permitan demostrar que resultaba más costoso para la Nación, adecuar las antiguas sedes del Centro Colseguros y del Edificio Cardenal Crisanto Luque que pagar el arrendamiento de la nueva sede o adquirir una nueva”.
Así como Marulanda sostiene que no se garantizó “la realización de la evaluación diagnóstica integral de las edificaciones, destinada a identificar las obras y adecuaciones a ejecutar en caso de ser necesarias”.
