La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, por presuntas irregularidades en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales en la administración departamental.
Según detalló el Ministerio Público, con esta investigación se busca establecer la existencia de más de 1.100 contratos de prestación de servicios por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, que de acuerdo con información aportada al expediente, esa entidad cuenta con una planta de 1.019 empleados.
En ese sentido, se busca establecer el número real de contratistas, teniendo en cuenta que la información reportada no incluyó a quienes laboran con el despacho de la Gobernadora, las secretarías del Sector Social, Competitividad y Desarrollo Sustentable, Seguridad y Convivencia Territorial y las dependencias de apoyo transversal.
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"La Procuraduría investiga versiones según la cuales se estaría presentado una nómina paralela para beneficiar a personas cercanas al movimiento político de la mandataria, cuyo vínculo con la gobernación se habría dado luego de que el departamento pusiera en marcha una reorganización administrativa que le permitió desvincular a un sin número de funcionarios", señaló el Ministerio Público.
La investigación también busca establecer la existencia de contratos que superan el monto permitido para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios, a quienes se les habría delegado la firma de los contratos de prestación de servicios.
Es de anotar que, la Procuraduría rechazó la solicitud de archivar este proceso y ordenó establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría dado, el perjuicio causado a la administración pública y la responsabilidad disciplinaria de la investigada.
Se espera que en en 15 días la Gobernación entregue a la la entidad una relación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales, que permitan además de identificar al titular, establecer tiempos, montos, funciones y periodicidad de cada contrato.
