La Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó la conclusiones de su trabajo de campo en Nicaragua tras la visita en ese país por las protestas producidas en abril del presente año. El organismo identificó graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
Según cifras relevadas por la CIDH, la acción represiva del Estado ha producido al menos, 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio. Cientos de personas están en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.
En el informe que la CIDH entregó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington culpa directamente al gobierno de Daniel Ortega de los crímenes. Según la entidad, estos fueron producto de las ordenes ejecutivas de represión de las protestas sociales.
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Los grupos identificados como perpetradores de casos de violencia son agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines y los grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas que actúan en conjunto con la Policía. A través de su acciones, estas instituciones y grupos ilegales "han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones", asegura el informe.
Asimismo, desde el primer día de las protestas, 18 de abril de 2018, se identificaron francotiradores vinculados a las fuerzas estatales. Estos hombre armados habrían provocado numerosas ejecuciones extrajudiciales durante las protestas. Según logró determinar la CIDH, varios de los muertos por impactos de bala correspondían a proyectiles de francotirador y los orificios de entrada y salida de la bala indicaban una gran precisión a la hora del disparo.
Durante la visita del organismo internacional, este logró deducir que en Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión se encuentran en graves situaciones de riesgo. Primero, el Estado obstruye su acceso a la justicia y los mecanismos de defensa y, segundo, han recibido amenazas de muerte por su labor.
En la sesión plenaria de la OEA, Nicaragua rechazó el informe por considerarlo parcializado y subjetivo, Venezuela y Bolivia respaldaron al país centroamericano. Sin embargo, 10 países respaldaron el informe: Chile, México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Canadá, Costa Rica y Paraguay.
