La reciente decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro abre un nuevo panorama económico en el país. Más allá del debate jurídico, la principal inquietud gira en torno a cómo esta determinación impacta el bolsillo de los colombianos.
En entrevista con KienyKe.com, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó que la decisión era previsible debido a la debilidad de los argumentos que sustentaban la declaratoria.
Una decisión que no sorprendió
De acuerdo con el experto, la Corte concluyó que no existían hechos extraordinarios que justificaran la emergencia económica. Uno de los principales argumentos del Gobierno fue el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, pero esto no constituye una situación excepcional.
“Hace parte del trámite legislativo normal y no es la primera vez que ocurre”, explicó Mejía, al señalar que este tipo de situaciones ya se habían presentado en años recientes.
¿Qué pasará con los impuestos?
Uno de los principales efectos de la caída de la emergencia económica tiene que ver con los impuestos recaudados durante su vigencia. En este punto, el análisis no es del todo favorable para los ciudadanos.
Según Mejía, los impuestos indirectos, como el IVA, difícilmente podrán ser devueltos. Esto se debe a la complejidad de rastrear las compras realizadas, especialmente cuando no hay factura electrónica.
En contraste, los impuestos directos, como el de renta, sí podrían ser objeto de devolución. En estos casos existe un registro claro ante la DIAN, lo que facilita que los contribuyentes puedan solicitar la devolución de los pagos realizados.
Otras emergencias siguen en revisión
Aunque esta declaratoria fue tumbada, el panorama no está completamente cerrado. Otras emergencias económicas decretadas por el Gobierno continúan vigentes y están siendo analizadas por la Corte.
Entre ellas se encuentra la relacionada con la emergencia invernal, que, según el economista, tiene una justificación más sólida al tratarse de un hecho sobreviniente. Sin embargo, advirtió que algunas de las medidas adoptadas podrían ser cuestionadas.
El reto fiscal que sigue pendiente
Más allá del fallo, el economista puso sobre la mesa un problema estructural: el deterioro de las finanzas públicas en Colombia.
Tras la pandemia, el país pasó de un déficit fiscal promedio de 3,5 % del PIB a niveles cercanos al 6,5 %. Este aumento del gasto público, explicó, no puede resolverse únicamente con más impuestos.
“Se necesita voluntad política para recortar el gasto”, afirmó Mejía, al advertir que el próximo gobierno deberá enfrentar un ajuste fiscal que combine reducción del gasto y reformas tributarias.
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Tensiones con el Banco de la República
Finalmente, el experto se refirió a la controversia entre el Gobierno y el Banco de la República por las tasas de interés.
Aunque reconoció que es natural que el Ejecutivo busque reducirlas para estimular la economía, insistió en la importancia de mantener la independencia del banco central.
Actualmente, Colombia enfrenta presiones inflacionarias que dificultan una reducción rápida de tasas, lo que obliga a mantener una postura cautelosa desde la política monetaria.
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