Un juez de Bogotá, ante las medidas cautelares que le presentó la Fiscalía sobre las irregularidades presentadas en la contingencia del proyecto Hidroituango, dictaminó que EPM sí cometió delitos ambientales y procesales.
Las medidas cautelares que fueron solicitadas por la Fiscalía comprenden la garantía de la vida de las poblaciones que viven cerca al río Cauca y la creación de una mesa técnica entre varios actores implicados en el territorio como la Procuraduría, la Contraloría, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud, las Empresas Públicas de Medellín y las víctimas.
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Los capítulos por los que el juez tomó la decisión y que fueron presentados por la Fiscalía correspondían a:
- La contaminación del río San Andrés por desechos de una planta de asfalto que estaba abandonada.
- Los sedimentos que cayeron a esa fuente hídrica y afectaron la pesca y el desarrollo de la agricultura de la región.
- Los escombros que ha dejado el proyecto y están alojados en zonas usadas por los campesinos para la agricultura, lo cual impide el desarrollo de las actividades económicas de la región.
- El aumento de personas contagiadas con Leishmaniasis debido a los altos índices de contaminación.
- La falta de atención, comunicación y respuesta que recibieron los campesinos víctimas de la emergencia por parte de los directivos de EPM en cuanto a explicaciones y resultados de los planes de prevención desarrollado el pasado abril de 2018.
