El jueves 14 de noviembre se realizó la inauguración de la sede en la que funcionará la Justicia Penal Militar, un moderno edificio enclavado en él cantón militar del occidente de Bogotá y cuya construcción se inició hace cuatro años con una inversión que rondó los 29.000 millones de pesos.
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La sede será bautizada en homenaje a la teniente de fragata Laura Rocío, la jueza militar asesinada en marzo de 2005 junto con once militares en el momento en que se desplazaba desde Puerto Leguizamo al corregimiento de la Tagua, en Putumayo.
El edificio cuenta con siete pisos, 14.000 metros cuadrados construidos y las salas de audiencias más modernas del país, según dice el director ejecutivo de la JPM, Alejandro Ramírez quien señala que la idea es presentarle al país una jurisdicción “transparente y con independencia”.
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“El edificio está diseñado para la implementación del sistema penal acusatorio (…) es decir, que vamos a tener jueces de conocimiento, especializados y de control de garantías, magistrados del tribunal superior militar, los fiscales ante el sistema, o sea una estructura en pro de la agilización de los procesos”, detalló Ramírez.
A la fecha hay unos 19 mil procesos en curso a instancias de la Justicia Penal Militar que cuenta con 234 jueces, pero la meta a siete años es tener 310 despachos. El actual sistema es manejado por jueces de instrucción penal militar, jueces de brigada, de División y jueces departamentales para la Policía Nacional.
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“Lo primero que haremos son unos traslados en la jurisdicción para demostrar que somos eficientes desde el punto de vista de los funcionarios judiciales en cada una de las regiones y, adicionalmente, el nombramiento de nuevos funcionarios para fortalecerla y eliminar los encargos que hacía mucho más lentos los procesos”, añadió el director de la JPM.
En promedio se abren cada año unos 9.000 procesos, de los cuales la mayoría son por deserción, aunque también hay expediente por lesiones personales y homicidio. En esta instancia se juzgan desde soldados hasta coroneles. Los generales que tienen cuentas con la justicia, por su condición de aforados, son juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
